Los fantasmas de la Sierra Tarahumara

EL ALAMILLO, CHIH., 25 de enero (Proceso).- Entre la Sierra Tarahumara y Ciudad Juárez está la Alta Babícora, donde la reportera vio, del 11 al 14 de enero, cómo la pobreza de la tierra y de la gente ardió con un soplo del diablo. A los pueblos más apartados llegaron los narcotraficantes y, ante la total impotencia de los abandonados municipios, coparon caminos, mataron a los rejegos e incendiaron las casas. Los que no fueron levantados por sicarios, huyeron de los militares. Y los pocos que se quedaron siguen buscando al único desaparecido que, sin embargo, nunca estuvo presente: el gobierno.

En este pueblo no ladran los perros; sólo se escucha el silencio, a veces interrumpido por las camionetas que cruzan por la carretera y que a veces se meten por las calles de este paraje abandonado.

Es medio día y no hay gente en las calles. Tampoco se oyen voces en la escuela. Ningún metiche se asoma por la ventana para ver pasar a los viajeros. Las ventanas de varias casas están rotas y nadie se ha empeñado en cambiarlas.

Al entrar a este pueblo viejo, de bardas de adobe carcomidas por el viento, de álamos altos, se ven vehículos mal estacionados, como aventados a medio camino: por ahí una camioneta roja con vidrios rotos, más allá otra con las puertas abiertas, como si sus tripulantes hubieran salido corriendo. Huyendo de algo, de alguien.

Sobre la carretera, en vez de un letrero que dé la bienvenida a El Alamillo se ven los restos de lo que era la tienda Diconsa: la puerta sin tranca, el negocio abandonado y saqueado, el tizne cubriendo la fachada de colores que lucía antes del incendio.

Esa quemazón arrasó varias casas y negocios. Las estructuras con los puros muros de pie, los muebles reducidos a ceniza, las láminas del techo achicharradas en el suelo, indican que el año pasado aquí se libró una guerra.

En el recorrido por este pueblo de álamos pelones de hojas y de ramas enredadas como marañas, sólo se ve un ánima a lo lejos: es un anciano que se espanta el frío cobijándose con los rayos de sol, como lagartija, afuera de su casa de adobe.

Este mismo paisaje de casas abandonadas o quemadas se aprecia en varios de los pueblos que rodean la Laguna Babícora, donde comienza la zona serrana de Chihuahua denominada la Alta Babícora, a medio camino entre la Sierra Tarahumara y Ciudad Juárez. La zona que el año pasado sufrió la barbarie.

De pronto, de entre el abandono, aparece una mujer que estaciona su auto en la única tienda abierta del pueblo, afuera de la casa que en lugar de sala tiene anaqueles para exhibir alimentos.

“Quedamos pocos, antes aquí vivíamos muchos. En la primaria quedaron seis niños nomás, están viendo si la cierran, igual la secundaria”, comenta.

La dueña de la tienda agrega: “Antes había más tiendas, ahora somos la única que queda, pero no tenemos clientes”.

Hasta hace un mes esta tienda tuvo competencia, pero las otras fueron cerrando por quemazón o abandono, cuando las sombras de la muerte comenzaron a pasearse por las calles. La dueña de la única tienda y su marido no se fueron. Él es mecánico, los dos tienen trabajo; pero sus hijos chiquitos andan en la vagancia: se quedaron sin escuela.

“El kínder cerró, no hay niños. Voy a ver si a este puedo inscribirlo en Gómez”, dice la mujer y señala al niño, que le pide de los dulces exhibidos en los anaqueles. Gómez Farías es cabecera del municipio vecino.

La única clienta se aleja por el llano, amarillo de tan seco, de árboles pelones con sus ramas como marañas, como de película de olvido.

El paisaje es tan desolado como lo cuentan.

El Alamillo es un pueblo del noroeste de Chihuahua, en la zona del silencio, porque de la violencia que ocurre aquí no se habla. Se queda en rumor. Eventualmente sale publicada en algún diario local con denuncias anónimas.

“Esa zona está prácticamente asolada porque muchos se van huyendo. Los que pueden se van a las ciudades, Cuauhtémoc, Chihuahua, Juárez o a Estados Unidos, a Nuevo México y Texas, con sus parientes. Otros anduvieron vagando mucho tiempo en la frontera. Unos estuvieron en Palomas, sin trabajo, incluso muriendo de hambre con sus familias porque no querían regresar ahí. Y los que se quedan son interrogados y acosados por los soldados, que les dicen: ‘A ti te protege el cártel. ¿O porqué no huiste? ¿No serás de ellos?’”, dice el diputado local Víctor Quintana.

Y para Gabino Gómez, dirigente de El Barzón en Chihuahua, esta “es tierra de nadie”. Así se lo dijo en diciembre a los generales de la región militar encargados del Operativo Conjunto Chihuahua, en una reunión que tuvieron con las organizaciones de la sociedad civil, que les reclamaron por sus excesos.

Los reflectores de la violencia los acapara Ciudad Juárez, con su récord sostenido de asesinatos, pero la zona rural de Chihuahua, con su nervadura de caminos y brechas que conecta la Sierra Tarahumara con la frontera en una línea, acumula mala fama como albergue de narcocultivadores, y su estela de violencia y sufrimiento.

El día en que se hizo este recorrido por la zona, el municipio de Madera, al que pertenece Alamillo, amaneció con una noticia: levantaron a un hombre frente a la presidencia municipal, a plena luz del día.

–Era don Tino, era de aquí. Fueron por él unos encapuchados y se lo llevaron enfrente de su hija. Ella se engaruñaba a su chamarra, no quería dejar que se lo llevaran, pero se lo quitaron –comenta una anciana del vecino pueblo de Nicolás Bravo, que también luce casas quemadas.

–¿Seguido desaparece gente?

–Hace dos semanas se llevaron a otro muchacho; a él lo encontraron con las manos mochadas –responde.

Nicolás Bravo tiene tramos que parecen escenarios de guerra. Ahí están la Refaccionaria y Ferretería Vázquez, con sus paredes ahumadas y el techo vuelto chatarra. La misma suerte corrió una casa amplia cuyas bardas eran coronadas por figuras de águilas. Otra casa rosa, que se veía de lujo, quedó convertida en una tapia abandonada con los puros muros de pie, con vista al cielo.

La ruta Madera-Ciudad Juárez

Desde el año pasado, en estos dos pueblos vecinos comenzó a notarse el movimiento. En el Diario de Juárez se informó que al menos 15 familias habían huido, luego se manejó que 50.

“Yo he visto familias con las camionetas cargadas o gente que se fue de plano sin nada”, comenta un camionero asignado a esa zona. Él, como la mayoría, tiene miedo de hablar y no quiere ser citado por su nombre.

Es la conjunción de brechas como nervios que conectan la región. La “Y” de Madera a Ciudad Juárez, que tiene ramificación por Villa Ahumada: donde cualquiera puede estar y al día siguiente desaparecer.

Los relatos de lo que ocurre en esta zona, que el diputado Quintana nombra como “la Y de la muerte”, parecen increíbles. Por ejemplo, la aparición del comando armado que en segundos inmovilizó a las decenas de asistentes a una carrera de caballos, asesinó a tres y se llevó por lo menos a otros tres, aunque la gente rumora que desaparecieron más. La mujer que le escribió al presidente de la República pidiéndole que draguen la presa El Tintero porque tiene la sospecha de que sus hijos desaparecidos están ahí, ahogados. Los buzos contratados para buscar a un borracho que podría haberse ahogado en la misma presa…

“Fue en la presa El Tintero, límites de Buenaventura y Namiquipa. Iban a buscar a un señor ahogado y los buzos encontraron en el fondo dos vehículos con gente dentro. Esto no fue público, no salió. La información se queda corta”, dice Gabino Gómez sobre este suceso.

Fue público el éxodo apresurado de familias enteras que vieron arder sus casas o el asesinato de uno o varios de sus miembros. También se sabe que en esta región nadie quiere ser policía, están vacantes algunas alcaldías y faltan regidores, los que había están muertos, renunciados, huidos o desaparecidos.

En esta zona desaparecieron cuatro policías rurales y un teniente del Ejército cuando se trasladaban del Valle de Juárez al cuartel de Madera. Sus familiares recorrieron el camino por tierra y rentaron una avioneta, pero parece que se los tragó la tierra. Aquí también los narcos levantaron a un alto mando de inteligencia de la Policía Federal, cuyo cuerpo fue encontrado en el tiro de un pozo. Pronto la región se llenó de militares en busca de narcos y se atizó la violencia.

Se dice que estos caminos tienen ojos, porque los vigilantes de los narcos están en todas partes.

Un agricultor de esta región, donde se ven grandes extensiones de tierra con ganado y áreas con huertas de manzanos, cuenta lo que es el miedo cotidiano de convivir con los narcos:

“En mi huerta encuentro un vehículo con gente cuidando la carretera. Si avanzas otros kilómetros, se ve otro, y más adelante otro… Así está todo el camino, eso se da en toda la región. Si no lo conocen a uno, es arriesgado andar en los caminos porque lo detectan, lo paran, lo cuestionan. Te dicen: ‘Sabemos que fuiste a tal lado y que vienes de tal otro, tú ya no pasas por acá’.”

Otro vecino comenta: “La seguridad en la zona está a cuenta de gente a pie, a caballo, en vehículos o unos que están poniendo botes junto a la carretera y que pasan información a los narcos sobre quién pasa. Antes eran visibles porque estaban en vehículos parados al lado de la carretera, pero ahora se visten como si estuvieran en las labores del campo”.

Otro narra: “Llegan a los ranchos o bodegas de la gente y las abren y meten autos robados. Y tú sabes que están ahí y te aguantas, no puedes decir nada. A un conocido lo mataron porque se negó a que su bodega la usaran para guardar un vehículo robado. Lo levantaron, lo mataron y lo aventaron por ahí”.

Por estos lugares la consigna parece ser no hablar. Todos parecen miedosos. Los repartidores de productos cuentan que a veces corren la mala suerte de ser detenidos, interrogados, asaltados o golpeados por transitar en una mala hora. La advertencia que recibieron de parte de los capos locales es que los caminos deben estar despejados por las noches. Dice un repartidor:

“A las ocho de la noche ya no sales, desde que se mete el sol estás refugiado en tu casa. La gente ya no viaja de noche por esos caminos, se corre el riesgo de que la paren y pueden pasarle varias cosas. Porque los narcos y los militares ponen retenes en el camino. Si el retén es de los narcos, lo mínimo que te pasa es que te dan unos aventones y madrizas en el mejor de los casos, cuando no roban tu celular, tu cartera o el vehículo, si les gusta, o hasta puede que te lleven y te maten, Y el Ejército, cuando te para, también te golpea y roba posesiones.”

Desapareció hasta el gobierno

Algunos pueblos se salvaron de la barbarie, como El Porvenir del Campesino, un pueblo desolado, de casas de adobe y alambres de púas que delimitan potreros, donde presumen que están alejados de la trama de las drogas.

“Acá vive pura gente mayor, puro campesino. Todos nuestros hijos se fueron a Estados Unidos y desde allá nos mandan dinero”, dice un ranchero con la ropa desgarrada, que camina cerca de la tienda Los Diablos, un cuarto estrecho y desolado como el pueblo mismo.

Víctor Quintana señala que los municipios de Gómez Farías, Madera, Zaragoza, Temósachi, Matachic y Namiquipa tienen muchos desaparecidos.

“Es como una “Y” de la muerte que conecta de un lado con el Valle de Juárez a Villa Ahumada y forma un camino de brechas clandestinas a la sierra, a la parte productora (de enervantes)”, describe.

El legislador estatal hace una relatoría de las tragedias conocidas: primero fue ejecutado el comandante de la policía de Galeana. El año pasado se inauguró con la desaparición del comisario ejidal de Gómez Farías, Raúl Rascón. En marzo de 2009 los narcos quemaron casas en El Alamillo y Nicolás Bravo, y se llevaron a varias personas, entre ellas dos maestros, a los que sus padres buscaron por meses.

Sigue: el 1 de febrero, en la carrera de caballos de El Terrero, Namiquipa, mataron a tres y se llevaron al menos a otros tres, aunque aún hay gente que afirma que fueron muchos más. Un regidor de Madera que se opuso a esos ataques tuvo que irse de la región porque le quemaron la casa y golpearon a su familia. De Nuevo Casas Grandes se fueron empresarios y agricultores por la ola de secuestros y las constantes extorsiones. En la zona incluso hubo secuestros de niños.

“En toda esa región de la Alta Babícora: Namiquipa, Nicolás Bravo, Soto Maníes y Madera, hay gran cantidad de casas quemadas. En El Alamillo acabaron con familias completas; los que no murieron huyeron”, dice Quintana.

Gabino Gómez resume: el narcotráfico siempre ha existido en la zona y la gente de ahí no se escandalizaba porque se mantenía en bajo perfil, guardaba su distancia. “Pero ahora se desataron los demonios”, admite.

Relata que durante los operativos, las escuelas cerraban abruptamente cuando empezaba la violencia y rápidamente iban los papás a sacar a sus niños de la escuela, desde los de kínder hasta los del telebachillerato.

Ahora, señala Felipe Ruiz, dirigente de la organización de derechos humanos Cosyddhac, “nos manejamos en una carencia de información, es difícil que la gente denuncie porque tiene miedo, y cuando denuncia no pasa nada. Recibimos quejas contra el Ejército, el general Espitia nos dice que eso que dicen no es cierto. Y mientras, hay mucha violencia y mucha oscuridad, porque no hay elementos sobre los cuales poder bordear la verdad”.

La desaparición forzada más reciente ocurrió en otro tramo de esta maraña, en el ejido Benito Juárez. Este caso, según los testigos, involucra al Ejército. El 26 de diciembre unas personas que la gente identifica como militares se llevaron a dos mujeres y a un hombre, miembros de la familia Alvarado, y aunque el Ministerio Público les confirmó que fue un operativo del Ejército, éste lo negó y no volvió a saberse el paradero de las personas.

Gabino Gómez ofrece otro dato: “Yo les señalé a los militares que en la región del noroeste, en la zona rural, no hay gobierno, porque sólo se enfocan en Juárez y en las ciudades, pero en el campo hay pueblos tomados por el crimen organizado, que siembra terror, y la llegada del Ejército no resuelve nada por los abusos que comete, el robo de vehículos. Sus camiones parecían casas de mudanza de tan cargados que iban de muebles.

“Es la región que va desde Namiquipa hasta la frontera, pasando por Gómez Farías, Buenaventura, Janos, Ascensión, Zaragoza, Galeana, Casas Grandes… que es una línea real, que es la zona donde desapareció el gobierno.”

Ante el narco, los programas sociales revientan

MEXICO, D.F., 8 de septiembre.- El presidente Felipe Calderón, los gobernadores y funcionarios de las dependencias federales o estatales insisten en que el Estado no ha cedido terreno ante el poder del narcotráfico. Sin embargo, informes del Ejército y la Sedesol confirman que, en los municipios más pobres del país, la delincuencia organizada revienta los programas sociales secuestrando, matando y amedrentando al personal técnico, los médicos y los maestros que se atreven a entrar en sus feudos.

Flor Alicia Gómez López tenía 23 años y era maestra rural del pueblo chihuahuense de Tomochi. El 28 de noviembre a las tres de la tarde viajaba con otros jóvenes a una reunión a la que nunca llegó: los interceptó un grupo de encapuchados que, a tiros de cuerno de chivo, los obligó a detenerse, golpeó a sus acompañantes y a ella se la llevó. Un día después Flor Alicia apareció muerta de un balazo en la sien.

En septiembre pasado, apenas iniciado el curso escolar, fue violada y acuchillada la profesora de kínder Armida Imelda Parra, en el municipio de Guazapares. 

Los homicidios de las maestras rurales ocurrieron en la zona serrana de Chihuahua, pero bien pudieron suceder en cualquiera de las regiones consideradas “tierra de nadie”, donde los programas y servicios básicos de gobierno son interrumpidos por la narcoviolencia y en las cuales el trabajo puede costar la vida.

En esos lugares se tienen noticias de albergues escolares indígenas clausurados porque los narcos saquean los alimentos, roban las cobijas de los niños o queman las bodegas para amedrentar al personal; de estancias infantiles clausuradas por extorsiones a sus administradores; de dispensarios abandonados porque el personal médico huyó asustado; de maestras rurales violadas, amenazadas de muerte o asesinadas, como Flor Alicia –quien era sobrina de los líderes estatales de El Barzón y de la organización feminista Justicia para Nuestras Hijas– o la maestra Armida.

Esas regiones acumulan reportes de funcionarios que tuvieron que tragarse el miedo y fumarse sus propias pesadillas o abandonar el puesto de trabajo que, la mayoría de las veces, permanece vacante.

El problema no sólo lo reportan los maestros de la Secretaría de Educación Pública, médicos de la Secretaría de Salud y técnicos de la Secretaría de Desarrollo Social. Lo sufre también el personal de campo de la Secretaría de Agricultura y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como los encuestadores del Inegi.

En todos los casos el resultado es el mismo: los servicios básicos destinados a los mexicanos más pobres son suspendidos y se mantiene el ciclo de la pobreza que impide el desarrollo de esas regiones.

En 2008, el programa Piso Firme pasó de largo por la llamada “tierra caliente”. Los recursos para poner pisos de cemento en las viviendas de la gente que más lo necesita no se aplicaron en los municipios mexiquenses de Tejupilco, Tlataya y Luvianos, y en los michoacanos de Chinicuila y Tuzantla. Los presidentes municipales avisaron a la Sedesol que si querían mandar a sus operadores sería bajo su propio riesgo.

En marzo pasado –según informó La Jornada el 24 de abril– se suspendió la entrega de recursos del programa Oportunidades en los municipios duranguenses de Tepehuanes, Guanaceví y Santiago Papasquiaro.

Un mes antes, en la Unidad Médica Familiar 57 del IMSS, localizada en Tancítaro, Michoacán, un letrero en la puerta avisaba a los pacientes: “Se suspende el servicio por causas de fuerza mayor. Urgencias a Uruapan”.

La suspensión de servicios se decidió cuando el administrador de la clínica y un médico fueron secuestrados durante cinco días, y como respuesta al terror que vivía todo el personal por las constantes ejecuciones, levantones y tiroteos.

Se quedaron sin servicio 5 mil derechohabientes. En abril, la clínica reinició labores y estrenó personal porque ninguno de los empleados antiguos se quedó. “Estamos trabajando con normalidad desde el 1 de abril. Tenemos vigilante como en cualquier clínica y la policía se da sus vueltitas”, informó en una entrevista telefónica el nuevo administrador, Irving Cruz.

En algunas zonas, los jóvenes contratados por el gobierno para visitar domicilios se saltan comunidades peligrosas para no arriesgar el pellejo. Esto ocurrió, por ejemplo, durante el levantamiento del censo del Programa Alimentario para Zonas Marginadas (PAZM), destinado a proporcionar despensas a las comunidades más pequeñas, incomunicadas y marginadas. Varios técnicos regresaron de ahí pálidos del susto.

“Hicieron un levantamiento minucioso en las localidades alejadas marcadas por el Inegi, donde no operan Diconsa ni Oportunidades, y en unos casos encontraron casas abandonadas, o que las casitas registradas eran casas de caballerangos, o que unos de los poblados marcados eran ranchos de narcos”, informó un funcionario relacionado con el censo.

La delincuencia organizada también asoma la nariz en los caminos rurales, donde asalta los camiones de abarrotes de las tiendas de abasto rural o a los funcionarios que llevan las transferencias monetarias de los subsidios oficiales.

Este tipo de robos generalmente son adjudicados a la delincuencia común y no a bandas organizadas, pero los ilícitos se concentran en esos territorios perdidos, donde todo puede ocurrir.

Tierras sin ley

La joven yacía sobre el vidrio del auto chorreado de sangre. Ya estaba muerta, pero aún convulsionaba. Segundos antes, a la vista del médico que hacía su servicio social en esa comunidad serrana chihuahuense, su esposo le había disparado en la sien. 

“Doctor, la revive o lo mato”, le advirtió el asesino apuntándole con la pistola.

Esa noche el médico pidió a la policía que lo sacara de ese pueblo de traficantes de humanos y de drogas, y abandonó su servicio social. Ese mismo año, también en la sierra Tarahumara, otro médico pasante tuvo que darse a la fuga porque un narcotraficante celoso quiso impedirle a tiros que sacara a bailar a una muchacha.

“El balazo le tocó en la cabeza a otro. Lo trasladaron con vida (al pueblo de) San Juanito, ya no supe si vivió o murió”, recuerda el doctor Alfredo Lugo, que en ese entonces hacía su servicio en Bahuichivo, un pueblo vecino, y quien se enteró de lo sucedido a su colega antes mencionado.

Aunque esos macabros episodios sucedieron en Chihuahua, bien podrían haber ocurrido en varios estados del país. Según los informes oficiales y declaraciones en corto de funcionarios públicos, las zonas más conflictivas son Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Durango y Nayarit.

“Un pariente mío fue expulsado de la sierra por unos empistolados que le dijeron que no volviera. Él ya nunca más volvió a visitar las farmacias que le tocaba vigilar”, contó la familiar de un empleado de Cofepris, quien supervisaba municipios peligrosos de Sinaloa.

“Mi cuñado huyó del rancho donde era maestro porque el ambiente estaba muy pesado. Los narcos todo el día se drogaban, y un día para divertirse quemaron a un bebé por puro gusto. De inmediato él pidió su cambio, se fue asustado, quedó muy traumado”, narró una mujer que vive en el pueblo turístico de Creel, Chihuahua.

En las zonas en las que se enfrentan los cárteles rivales, sean de Chihuahua, Baja California, Durango o Sinaloa, los médicos particulares y de instituciones de gobierno han denunciado secuestros, extorsiones, asaltos y amenazas.

Es común ver a narcos deteniendo las ambulancias o irrumpiendo en los quirófanos para rematar a los heridos, o que los médicos, paramédicos y enfermeras protesten en las calles pidiendo seguridad para cumplir su trabajo, como ocurrió en Ciudad Juárez.

Los riesgos, según la Sedena

La interrupción de programas sociales por amenazas de grupos criminales no comenzó en este sexenio, pero ahora es tan frecuente que ya no puede ocultarse.

Desde 2001 la entonces Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, recibió el reporte de que se había cerrado un albergue infantil indígena porque unos narcos lo quemaron cuando los niños dormían adentro, pero afortunadamente los infantes fueron puestos a salvo.

Este caso ocurrió en Segórachi, municipio de Urique, en las barrancas chihuahuenses, pero la situación se repitió en otros tres albergues.

“El problema de los albergues es que llegaban y tomaban posesión de los insumos, alimentos, cobijos, y dejaban a los niños sin nada porque se los repartían a los jornaleros que cuidaban las siembras para que tuvieran comida”, explica la excomisionada.

De 2001 data también el estudio Producción, tráfico de estupefacientes y microrregiones prioritarias, elaborado por la Sedesol cuando su titular era Josefina Vázquez Mota y que identifica a los municipios pobres como lugares de fuerte producción y tráfico de drogas (Proceso 1664).

El documento (cuya existencia niega la dependencia) menciona como enclaves del narco a las zonas de Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; La Mixteca y Los Chimalapas, en Oaxaca; Las Cañadas y Zona Selva, en Chiapas; La Huasteca y Zongolica, Veracruz; La Tarahumara, en Chihuahua; y Las Quebradas, entre Durango y Sinaloa.

El presidente Felipe Calderón y varios secretarios de Estado han negado que en México existan feudos del narco, pero en algunos lapsus las propias autoridades han reconocido esta realidad.

El 2 de junio de 2008, ante el presidente de la República, el gobernador guerrerense Zeferino Torreblanca agradeció la entrega de fertilizante y se comprometió a vigilar su aprovechamiento, ya que, confesó, “muchas veces es utilizado para la siembra de estupefacientes, ni siquiera es utilizado para el desarrollo de los más pobres”.

Una declaración que no a pocos dejó boquiabiertos fue la del titular de la Unidad de Enlace de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xavier Abreu: que la siembra de droga se ha convertido en la principal fuente de recursos económicos de unas 60 comunidades indígenas del país, principalmente de Guerrero, Michoacán y Chihuahua, e involucra a 50 mil indígenas.

Luego el funcionario se retractó y su oficina negó a Proceso los documentos en los que basó sus afirmaciones, a pesar de que el IFAI examinó el caso, dictaminó que sí existen y le ordenó que los entregara a este semanario.

Desde el 9 de abril de 2007, la Sedesol tiene un mapa actualizado sobre los territorios peligrosos, que le hizo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se titula Opinión para el programa de los 100 municipios más pobres del país.

En el documento, cuya copia tiene Proceso, el Ejército advierte a la Sedesol sobre los peligros de operar programas sociales en algunos de los municipios más pobres y relacionados con la siembra de estupefacientes, entre los que menciona a Chalchihuitán, Chiapas; Mezquital, Durango; Metlatónoc, Guerrero; El Nayar, Nayarit; así como San Juan Juquila y Cocicoyán de las Flores, Oaxaca.

Sobre Chalchihuitán, el Ejército señala: “En el municipio se ha registrado la incidencia del narcotráfico en su modalidad de siembra, detectada en áreas en las cuales mantiene presencia el grupo inconforme (el EZLN); sin embargo ésta no es de proporciones alarmantes, ya que ha sido combatida de manera oportuna por las autoridades correspondientes”.

Al mencionar El Nayar, advierte que “podría presentar riesgo en la implementación de programas de beneficio social por la presencia de grupos delictivos relacionados con el narcotráfico”.

Sobre Juquila y Cocicoyán informa que “bandas delictivas han incursionado a estas comunidades para la siembra, cultivo y venta de enervantes, siendo el medio de subsidio de sus pobladores”. Y remata con una observación a pie de página: “Existe gente armada que puede aprovechar la situación que se vive para cometer ilícitos como el robo de recursos federales”.

Llama la atención que en el texto no se mencionen los violentos municipios del llamado “triángulo dorado”, que son de extrema pobreza.

Al Mezquital, Durango, la considera “un área de siembra de amapola y mariguana con presencia de grupos armados aislados que se dedican al narcotráfico”, aunque aclara que “no toda la población se encuentra involucrada en esas actividades ilícitas”.

A continuación destaca: “Se puede implementar el programa de apoyo de la 
Sedesol con los riesgos que implica la presencia de grupos de narcotraficantes”.

Al analizar el caso de Metlatónoc, Guerrero, que es considerada la capital mexicana de la miseria, el Ejército comienza con una crítica a los gobiernos federal y estatal porque “no proporcionan los recursos adecuados” para superar los altos índices de pobreza, enseguida culpa a los pobladores por su renuncia “a integrarse a la sociedad desarrollada” y por la desconfianza que le tienen al Ejército, “a pesar de que se les ha explicado que las acciones que realiza son la destrucción de plantíos de amapola y mariguana”.

La opinión de la Sedena sobre este municipio es paradójica: “Se considera de riesgo trabajar en la zona (…), sin embargo, se considera necesario que la Sedesol aplique programas de ayuda”.

Ese es el problema: si se desatienden las regiones ganadas por el crimen organizado, se perpetúa la miseria y sus pobladores continúan enganchados en la cadena del narcotráfico.

Ni ver ni oír

Una mujer que trabaja en la red de guarderías comunitarias Casas de Cuidado Diario, quien atiende a hijos de madres juarenses sin seguro social, confirmó que algunas de sus compañeras que se inscribieron al Programa de Estancias Infantiles tuvieron que cerrar sus establecimientos porque fueron extorsionadas por personas que se decían integrantes de Los Zetas. Los niños se quedaron sin el servicio.

Una exvoluntaria de la Diócesis de La Tarahumara comentó que tuvieron que cerrar una misión en una comunidad serrana que se dedicaba a dar albergue a niños y niñas indígenas porque “los narquillos” del lugar querían “robarse” a las voluntarias que les gustaban. Otra vez los infantes fueron quienes pagaron el cierre.

La violencia de Ciudad Juárez ha ahuyentado a 120 maestros que el mes pasado pidieron su traslado a otro lugar por la violencia, a pesar del sobresueldo que percibían en ese municipio, uno de los que mejor pagan a los docentes. Al inicio del ciclo escolar, otros 40 profesores rechazaron la  oferta de irse a trabajar en primarias de ahí.

Lo mismo ocurre en el sector salud. “Ya ningún médico quiere venir a Juárez, nos hace falta cubrir 40% de las plazas y aunque el sindicato ofrece las vacantes por toda la República, nadie acepta venir. Y yo no los critico”, dice un médico de la clínica 35, una de las tres que atienden a los baleados.

Arturo Sáenz, el director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), el programa que envía bachilleres a los ranchos para que den clases a los niños en pueblos que carecen de maestros, dijo al periódico El Universal, el pasado 25 de marzo, que estaba negociando para que la gente del “triángulo dorado” le permita trabajar a los instructores comunitarios en esa zona, bajo la promesa de que “no oirán ni verán nada”. Admite que “para nadie es un secreto que donde nosotros estamos trabajando es donde se da mucho ese fenómeno (del narcotráfico), en términos de dónde están y dónde siembran”.

La secretaria de Educación de Chihuahua, Guadalupe Chacón, reconoció la semana pasada que las amenazas y agresiones de gavilleros contra los profesores de la región serrana obliga a los pasantes y servidores públicos a renunciar o a pedir su traslado.

“Esto afecta especialmente a mujeres, pues grupos de gavilleros o la gente que no está de acuerdo en que lleguen a la comunidad las empiezan a presionar para que salgan. (…) Los maestros son un sector que tradicionalmente ha sufrido riesgos, pues desafortunadamente se encuentran en lugares donde son sujetos de ataques que quedan en la impunidad, sobre todo porque son jóvenes maestros recién incorporados a un campo laboral y social riesgoso y difícil”, dijo la funcionaria tras el asesinato de la maestra Flor Alicia Gómez.

La transparencia gubernamental, a medio camino

Con todo y la «avanzada» Ley de Acceso a la Información Pública de la que presume el gobierno mexicano, el IFAI aún no puede sancionar a los funcionarios que la violan y la resistencia gubernamental sigue bloqueando los intentos de garantizar que toda la gente sepa cómo ejercer ese derecho.  
 
I
 
Por esos días los amatecos andaban de mecha corta. Se decían en rebeldía, instalaron campamentos, armaron protestas, organizaron foros. Hicieron lo que la gente hace cuando se entera de que nuevamente está a punto de ser víctima de los abusos de sus gobernantes malamañados en eso de decidir a escondidas del pueblo y en construir megaproyectos aunque éstos desgracien comunidades enteras.
Los veracruzanos de Amatlán de los Reyes no estaban dispuestos a que su municipio se convirtiera en basurero de otros siete. A ratos parecía que sus protestas no despeinaban al gobierno, pero de pronto se revirtió la historia. Fue cuestión de conseguir un papel oficial que demostró que el relleno sanitario en realidad dañaría al medio ambiente, y que las autoridades, con tal de construir su basurero, habían mentido. Y como dicen por ahí que información es poder, frenaron las obras.
Un síndico amenazó con denunciarlos por «sustracción de documentos oficiales». Pero los amatecos no tuvieron que robar nada, sólo pedirlo por internet, y resultó que el papel no era secreto y que era más público que un baño de a tres pesos: resulta que invocando la Ley de Transparencia le pidieron al gobierno que les mostrara los permisos que tenía el tiradero para funcionar. Y se los dieron.
Descubrieron que el documento estaba plagado de embustes que señalaban que el lugar elegido eran tierras muertas y sin vegetación, cuando todos han visto los fértiles cañaverales ahí plantados y la naciente del río.«Le enseñamos al gobernador las pruebas de que el lugar está vivo, y lo echamos abajo», explica la maestra Gabriela Sáinz, una de las arquitectas del plan como integrante del grupo vecinal Amhate.
Lo curioso es que un año antes ninguno de los amhates usaba internet y menos sabía que desde 2003 en México funciona una ley que reconoce el derecho de todos a pedirle al gobierno información pública y obliga a los burócratas a proporcionarla.
Ellos formaban parte de un experimento llamado «IFAI-Comunidades», que enseñó a los desfavorecidos que tienen derecho a saber y que con la Ley de Transparencia pueden pedir la información existente.
En otros lugares, invocando esa ley, la gente descubrió a sus alcaldes embolsándose dinero del pueblo; otros rescataron expedientes que el gobierno les tenía atorados en el Registro Agrario o el Seguro Social; y hubo presos que probaron que llevaban enjaulados más de la cuenta.
Ora sí que la verdad los hizo libres: los reos salieron de la cárcel, los despojados recuperaron sus tierras. Eso fue apenas un simulacro de lo que podía haber sido a revolución de los nadies…si los poderosos no hubieran frenado el experimento.

Romana, denunció y la despidieron

Romana, denunció y la despidieron
Marcela Turati

OMETEPEC, Gro.- Quien viera hoy a Romana Josefa Mateos Laguna –menudita, tímida, de hablar quedo– no pensaría que es una ingeniera que se propuso probar la corrupción que prevalece en el programa Piso Firme en Guerrero, y para ello viajó a pie a 14 comunidades de La Costa, midió cada uno de los pisos construidos en mil 687 casas, escuchó quejas, tomó fotografías y levantó actas de los ilícitos.
Su esfuerzo resultó contraproducente: en vez de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la considerara una empleada ejemplar por enterar de las irregularidades al subsecretario Luis Mejía, la ingeniera perdió su trabajo como residente (supervisora de obras) y ahora tiene miedo de que alguien atente contra su vida.
Su desventura comenzó cuando le asignaron supervisar el tramo final del encementado de las viviendas en el municipio de Igualapa y encontró que la empresa María del Carmen Atrixco Reynoso, ganadora de la licitación, había hecho pisos que incumplían con la calidad especificada y que los residentes anteriores no los habían impugnado.
La ingeniera se negó a firmar la obra como terminada, lo que implicaba que la Secretaría no le transfiriera el último pago hasta que subsanara las irregularidades. La empresa le ofreció 450 mil pesos por su firma, ella los rechazó.
El delegado de la Sedesol en Guerrero, Luz Antonio González Justo, el subdelegado Filiberto Gutiérrez Mayo y el excoordinador Víctor Manuel Mendoza, en lugar de apoyarla, la presionaron para que firmara la obra como concluida. Tampoco aceptó y decidió revisar piso por piso, aunque en eso se le fueron sus únicos ahorros: 16 mil pesos.
“En la delegación nos decían que firmáramos todo y no hiciéramos problema, que no nos metiéramos con Piso Firme. Pero yo no iba a dejar a un lado mi honorabilidad y todo mi prestigio; tenía que estar segura de lo que iba a firmar, porque mi trabajo era revisar si se cumplía con la promesa de mejorar la calidad de vida de la gente”, explica a Proceso.
Lo que la ingeniera Romana encontró en su odisea es patético, considerando que se trata de los recursos públicos destinados al programa más importante del gobierno de Felipe Calderón para los más pobres y que Guerrero es el estado con los municipios más marginados del país.
Las fotografías que tomó muestran jacales con boquetes a medio piso y casas donde el cemento no se completó, tiene grietas, está a punto de desmoronarse o quedó granulado. El colmo son las viviendas que aún tienen suelo de tierra porque el cemento se puso en el chiquero, para el disfrute de los cerdos, o los pisos construidos donde ni siquiera había casas o en cocheras para autos.
Esas mismas fotos las mostró el 14 de mayo en las oficinas centrales de la Sedesol al subsecretario Luis Mejía. También le llevó los expedientes que muestran los faltantes de cemento por vivienda. Ella contó 5 mil metros cuadrados menos.
“El subsecretario decía ‘no se vale, es indignante, es una burla’. Se veía muy sorprendido”, recuerda sobre su encuentro con Mejía, el subsecretario michoacano que ejerce las obras de la Sedesol, un panista de antaño que fue amigo íntimo del padre del presidente y lo sigue siendo de la familia Calderón Hinojosa. 
A la reunión con el subsecretario acudió otro residente, del que Romana se reservó su nombre, quien denunció que la empresa SYSCO, del arquitecto Juan Manuel Tinoco, había quedado en el lugar 12 del concurso de la licitación, pero el delegado la hizo ganadora de las obras en Marquelia y Juchitán. Este trabajador agregó que tanto el delegado como el subdelegado José Cruz Rétiz pedían a los empresarios dinero “para el partido”, y eso molestó mucho al subsecretario.
Mejía “me pareció una persona honesta, platicamos en confianza, nos identificamos porque somos de la misma profesión. Me dijo que me sintiera protegida, que iba a tomar acciones para corregir el problema, que no iba a perder mi trabajo”, relata.
Tras la denuncia, una legión de abogados, ingenieros y técnicos enviados desde México –acompañados por Romana– revisó las obras de los municipios de Igualapa, Juchitán y Marquelia, entre el 18 y el 26 de mayo, y encontró que las empresas ejecutoras habían cobrado a Sedesol 15 mil metros cuadrados de cemento más de los que habían echado y que 40% de los pisos tenían algún defecto de grosor, acabados, medidas o colocación.
Cuando la misión abandonó Guerrero, el delegado notificó a Romana que acababa de perder su empleo, como consta en el oficio 1320100/215, y finiquitó el total de la obra a la empresa defraudadora, dando sus pisos como terminados.
La ingeniera contestó el oficio con las siguientes palabras: “Con todo respeto, creo que no he fallado; al contrario, creo que me han fallado a mí, ya que en ningún momento he recibido apoyo económico ni moral (viáticos o gastos) de parte de ustedes, y para colmo en el presente año el sueldo se nos redujo de 12 mil a 8 mil pesos mensuales, y aun así seguí haciéndome cargo de los dos municipios. Doy por hecho que realicé una labor casi titánica y con tanta lealtad a la institución”.
Un mes después, el jefe de Microrregiones y coordinador nacional de Piso Firme, Germán Palafox, envió una carta al delegado en la que señalaba que la ingeniera “demostró una conducta profesional y honesta al no aceptar firmar dichas estimaciones, por lo que le solicito tenga a bien prorrogarle el contrato, además de cumplimentar públicamente su labor y actitud para que sirva de ejemplo de trabajo y compromiso institucional que quisiéramos tener para todo nuestro personal”.
Sin embargo, desde hace dos meses ella no recibe salario de la Sedesol; se mantiene con su sueldo de maestra en el Instituto Tecnológico de Ometepec. Tampoco ha dejado de cumplir su trabajo: se ha dedicado a visitar 144 escuelas con el fin de calcular cuánto costaría llevarles agua, baños y drenaje para cumplir la promesa del presidente de habilitarlas para cuando la influenza rebrote.
No se arrepiente de lo que hizo porque cumplió con la invitación del presidente Calderón a denunciar la corrupción, pero tiene miedo:
“No sé cómo vaya a actuar esa gente… en Guerrero pasan tantas cosas. No sé, he llegado a pensar que me pueden hacer daño por decir lo que dije y que quieran callarme para siempre.” 

Piso Firme: Mordida sobre mordida

Piso Firme: Mordida sobre mordida
Marcela Turati

Funcionarios locales de Sedesol en Guerrero exigieron «diezmo» a empresarios para adjudicarles el programa Piso Firme; sus familiares y amigos se convirtieron en proveedores únicos; «jinetearon» el presupuesto; los extorsionaron para liberarles recursos, en contubernio con la banca privada, y hasta llegaron a secuestrar a uno de ellos. Ninguna queja valió para que el secretario Ernesto Cordero frenara las anomalías en torno de su delegado. Hoy, los contratistas padecen represalias y están quebrados, pero dispuestos a denunciar. Mientras, las comunidades pobres pagan los platos rotos.
CHILPANCINGO, Gro.- La cita se fijó en la habitación de un hotel de esta ciudad y fue a cortina cerrada. Ninguno de los constructores guerrerenses contratados en 2008 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para ejecutar el programa Piso Firme en las comunidades más pobres quiso que nos viéramos en un lugar público. Tenían miedo.
Uno a uno y por separado, los cuatro constructores dijeron a este semanario que la primera promesa del presidente Felipe Calderón hacia los más pobres, la de encementar viviendas, se incumplió en Guerrero por culpa de los funcionarios locales de la secretaría que los extorsionaron al grado de impedirles avances o quebrarlos. Uno de ellos, incluso, aseguró que lo secuestraron y ya denunció penalmente.
Con matices, los contratistas relataron que en esta trama de corrupción jugaron un papel protagónico los parientes del delegado de Sedesol que se convirtieron en proveedores únicos de cemento; los verificadores del encementado que exigían sueldo, viáticos, camionetas, mordidas y computadoras para hacer su trabajo; el subdelegado que pedía hasta 100 mil pesos por liberar cheques necesarios para continuar las obras y abrió a cada uno cuentas bancarias mancomunadas con Sedesol para despistar a Hacienda, y el gerente de banco que se prestó a «secuestrar» el dinero de esas cuentas.
Coincidieron en que el delegado estatal, Luz Antonio González Justo, no escuchó las quejas contra sus parientes y subalternos que le llevaron los contratistas. Y a quien lo amenazó con denunciarlo en México, no le amplió el contrato o le dijo que lo vetaría en todas las dependencias federales.
También fueron castigados los que no quisieron «cooperar» para los refrigeradores o televisiones que se les pidió para Navidad.
Los entrevistados se animaron a dar su testimonio luego de leer en Proceso (el reportaje sobre el fraude de los pisos firmes en ese estado. Se identificaron ante esta reportera, accedieron a que la entrevista fuera grabada y proporcionaron copias de documentos que la Sedesol también tiene en su poder, pero no quisieron que se publicara su nombre por miedo a ser vetados como contratistas del gobierno o a poner en peligro su vida.
«La corrupción de éstos es muy descarada; hemos hecho unas 10 reuniones desde el año pasado y le explicamos al delegado el problema, pero no hace nada. Somos como 18 empresas las que estamos dispuestas a ir a México a hablar con el secretario» Ernesto Cordero, dice uno de ellos.
La primera carta de denuncia enviada a las oficinas centrales de la Sedesol está fechada en mayo. A partir de junio, algunos viajaron al Distrito Federal para denunciar la situación. Otros hicieron saber las anomalías a través de correos electrónicos o comentándolo con diputados.
Pero no hubo ningún cambio en la delegación. Si Cordero se enteró, no hizo nada.
«Hemos recibido llamadas de Sedesol federal, nos piden que expliquemos la situación, dicen que lo van a resolver y no hacen nada. Todas las empresas están muy desesperadas, algunas salieron quebradas: pusieron de su bolsillo lo que se les debe y el doble», afirma otro en su turno.
Tres de los contratistas aceptan que ganaron la licitación ofreciendo «la mochada» o «el diezmo», ese acuerdo sobreentendido que exige pagar a los funcionarios públicos la décima parte del costo de la obra en agradecimiento por haber elegido a su empresa (la misma costumbre que el presidente Calderón criticó la semana pasada por entorpecer el desarrollo del país).
La molestia generalizada es porque la delegación de Sedesol no se conformó con «el diezmo» y siguió exigiendo dinero a grados de extorsión que impidió a varios cumplir el contrato que beneficiaría a los más pobres, ya sea porque no alcanzó el material para todas las viviendas o porque hicieron pisos de mala calidad. Los que cumplieron, tuvieron que poner de su dinero.
Los nombres que mencionan como cómplices del ilícito fueron los mismos: el delegado Luz Antonio González Justo, su hermano René y su amiga Naiví Ramírez (distribuidores de Cemex en la entidad). También el subdelegado José Cruz Rétiz junto con el subcoordinador del programa, Eduardo Acevedo; el excoordinador de Microrregiones, Víctor Manuel Mendoza; el coordinador del programa tres por uno, Eduardo Andraca, y el asesor Juan Manuel Tinoco, a quienes acusan de cobrar las mordidas o recoger el dinero o «ablandar» a los empresarios renuentes.
«Es una lástima, porque el programa es bueno y están engañando al presidente. Este es el primer año que Sedesol licita y éstos se sirvieron con la cuchara grande, se llevaron como unos 60 millones de pesos», calcula uno de ellos con base en el hecho de que la delegación manejó un presupuesto de 650 millones en licitaciones.
Los más perjudicados, como siempre, fueron los más pobres, si se toma en cuenta que en comunidades marginadas como las de La Montaña guerrerense, con índices de desarrollo similares a los africanos, la corrupción asesina. Ahí tener piso de cemento hace la diferencia entre vivir o morir: puede salvar a un bebé que gatea de una diarrea mortal por tragar tierra, o de ser picado por un animal venenoso que saltaría a la vista entre el cemento, o evitaría que sus alimentos se llenaran de polvo de la tierra por donde se arrastran animales.

Piso firme, promesa falsa

Cinco días después de estrenarse como presidente, Felipe Calderón corrió a comprometerse con los pobres y, en un municipio panista de La Montaña, Guerrero, ofreció encementar, primero, los pisos de 100 municipios del país y, ya encarrerado, después duplicó la oferta. Pero en un recorrido de Proceso por varios de los pueblos más miserables de la región encontró que en la mayoría de ellos la promesa no ha sido cumplida, se ha cumplido a medias o, peor aún, el programa Piso Firme se halla suspendido por corrupción de los funcionarios de la Sedesol…
LA MONTAÑA DE GUERRERO, GRO.- Cada vez que el mixteco Vicente de la Cruz ve pasar por el camino de tierra roja que cruza su comunidad algún camión con grava, arena o cemento, él corre a alcanzarlo, lo detiene y pregunta al “ingeniero” que para cuándo se estacionará en su pueblo. Lo calman diciéndole que los materiales llegarán en ocho días, que no desespere, que por mientras organice brigadas para descargarlos.
Un par de veces se ha quedado al lado del camino bordeado por milpas, con todo y brigadistas, esperando el material para encementar pisos que desde el año pasado nomás no llega.
Cada que le mencionan el tema, Vicente corre a hurgar en los fólderes de plástico azul colgados de las paredes de su casa de adobe y piso de tierra, donde guarda actas de nacimiento, cartillas de vacunación y certificados de estudio de los suyos, hasta dar con los oficios que ha enviado a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Guerrero para avisar que no llegó el “piso firme” que el presidente Felipe Calderón ofreció a los más pobres y que prometió, especialmente, a los pobladores de La Montaña, ese enredo de cerros que incuba a los mexicanos más desnutridos del país y reproduce una miseria comparable a la de África subsahariana.
“La gente está esperando material, está triste. El ingeniero dijo que iban a venir cuando terminen en Loma Canoa y en Joya Real, y ya pasó un año, ya es 2009, y no viene, aunque gustamos más el piso bueno porque en la tierra se enferman niños”, dijo Vicente preocupado porque no ha podido cumplir con el nombramiento de su comunidad como “Presidente del Comité del Piso Firme”.
En todos los escritos dirigidos a la delegación de la Sedesol que este mixteco muestra, al respetuoso saludo le sigue la misma urgente petición que enseguida se reproduce:
La gente en Yuvin Tucuni (Xalpa) el año pasado fueron encuestado para Piso Firme y posteriormente salieron como beneficiado y resulta que no se encuentra incluido con las comunidades beneficiadas y esta comunidad no cuenta en cuando al programa Piso Firme, por lo tanto una vez más solicitamos a que lo incorpore porque la gente están molesta.
Lo único que varía en los oficios es la fecha, unos de 2008, otros de 2009, todos salidos de la vieja máquina de escribir del ayuntamiento de Cochoapa El Grande y firmados con las huellas dactilares de las autoridades de la comunidad.
La misma queja de los indígenas de Xalpa se escucha en todos los pueblos de Cochoapa y Metlatónoc, los dos municipios mexicanos donde –según la ONU– la gente vive menos y tiene menores oportunidades de salir de la miseria, y donde el presidente Felipe Calderón y el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, empeñaron su palabra de encementar todas las casas.
La estrategia calderonista trazada en papel indicaba que el primer año de gobierno se ocuparía en colocar pisos en las casas de los 100 municipios más pobres de México (que luego se ampliaron a 200), el segundo a reforzar los muros, el tercero a hacer techos y los últimos a construir letrinas e instalar estufas ecológicas para que la gente no se intoxique a diario al cocinar con leña.
Pero ahora que se rumora que el secretario Cordero está a punto de abandonar a los más pobres para atender a los más ricos desde la Secretaría de Hacienda, y ya en los umbrales del cuarto año del sexenio, se ve que la primera promesa, la de encementar la miseria, quedó inconclusa justo en La Montaña. Y donde acaso llegó el programa, no alcanzó para todos.
Al menos eso es lo que este semanario encontró en un recorrido por las comunidades de Metlatónoc, Cochoapa, Dos Ríos, Xalpa, Joya Real, Yozondacua, Loma Canoa, Calpanapa, Rancho Guadalupe y Buena Vista.
Gustamo piso bueno
El presidente de Metlatónoc no se encontraba en el Palacio Municipal cuando Proceso recorrió el municipio; sin embargo, el secretario a cargo de la oficina, los regidores, los policías y la gente que esperaba afuera del Registro Público improvisaron una fila para contar la misma historia de engaño.
“En el mes de abril los de la empresa dejaron de trabajar y casi todo el pueblo de Atzompa faltó, y el Ejido Ixtlatepec, y en el caso mío no me tocó”, se lamentó el policía Fidel Gálvez que cuida la presidencia. “La gente de Santa Cruz Cafetal se siente triste porque no le ha tocado ni piso ni escuela ni material ni agua”, agregó su colega Salvador García.
Los uniformados comentaron que los habitantes de Valle Hermoso secuestraron al “ingeniero Oliva, de la Sedesol”, en un arranque de rabia por el incumplimiento, y la policía tuvo que rescatarlo.
“¿Para qué mes o año van a dar el piso?”, preguntó el adolescente Natalio Cano, desde la fila para registrar a su hermanita, y agregó enojado: “Ya van dos veces que van a echar (colado) a colonia Guadalupe y no quieren echar a nosotros, y dicen que ya salió nuestro nombre de que recibimos el piso, pero no es cierto”.
Las denuncias se repiten en el vecino municipio de Cochoapa –el que encabeza la lista de la pobreza desde 2005, cuando se independizó de Metlatónoc, que durante décadas fue considerado el sinónimo de la miseria. Según los funcionarios localizados en el ayuntamiento, en ninguna localidad se completó la promesa.
El colmo quizás fue Dos Ríos, donde los camiones sí llegaron, antojaron a todos, pero nadie volvió para colarlos.
“Midieron las casas, ya todo que según se va a hacer, trajeron la grava-arena, vinieron y tiraron todo; esperamos que llegara el cemento y no llegó, y como llovió, el agua se llevó la arena, y la que quedó ya no sirve porque ya se revolvió con la tierra”, explicó Ricardo Morales, el presidente de los padres de familia del pueblo, mientras marchaba en la procesión de los festejos de la santa patrona Virgen de la Asunción.
“¿Alguien protestó?”, se le preguntó.
“Pobre gente que no sabe leer ni escribir, qué va a quejarse con el presidente, pero no sabe qué dinero es ni quién manda el regalo al que tenemos derecho”, dijo.
La estrategia quebrada
“Piso Firme” no es un programa cualquiera.
La estrategia social calderonista se basa en el encementado de las casas de los campesinos más pobres, y a esa intención le destinaron, el año pasado, 3 mil 800 millones de pesos, que fue la inversión más importante dentro de la Sedesol después de los subsidios del programa Oportunidades. A Guerrero se dirigieron 650 mil pesos.
Con esa inversión y algunas obras públicas se intentaba cumplir con el lema de gobierno “Vivir Mejor” y empujar para 2010 los indicadores de desarrollo humano ante la comunidad internacional, que toma en cuenta el mejoramiento de viviendas.
La primera vez que Calderón anunció el encementado masivo fue el 6 de diciembre de 2006, a cinco días de estrenarse, y escogió a Tlacoachistlahuaca, el municipio panista de La Montaña, para hacer su promesa.
Calderón ratificó su compromiso el 2 de junio de 2008, también en La Montaña, esta vez desde Metlatónoc, acompañado del secretario Cordero. El 19 de agosto del año pasado, Cordero regresó para re-ratificar que esa zona quedaría libre de pisos de tierra, y lo hizo desde Cochoapa.
Las tres promesas no bastaron para que la palabra se hiciera obra.
En 2007, se descubrió que el Instituto de Vivienda de Guerrero (Invisur), solapado por la delegación estatal de la Sedesol, no encementó las viviendas de Tlacoachistlahuaca, donde Calderón estrenó su contacto con los más pobres. El argumento que entonces dieron los funcionarios fue que encontraron las casas cerradas porque sus habitantes estaban pizcando en Sinaloa. Tras el escándalo, la Sedesol tomó la operación del programa y nombró nuevo delegado: Luz Antonio González Justo.
Para 2009, la historia se repite justo en La Montaña, esta región colindante con Oaxaca conocida por su miseria, donde el desempleo parece destino, la nutrición es a base de tortillas con salsa y brizna de frijoles, poca gente conoce un excusado, una simple diarrea puede ser asesina y los habitantes huyen en temporada de pizcas para no desnutrirse más.
Resignación a la tierra
La gente de Cochoapa se entristece pensando que quizás los constructores pasaron de largo por las casas que durante las pizcas parecían vacías (aunque siempre regresan, nadie tuvo la delicadeza de incluirlos en el padrón).
Es el caso de Petra Martínez, quien desde una milpa a punto de quedar enana por la falta de lluvias generalizada explicó: “Estaba en Culiacán, fui a cortar pepino, tomate, mucho se fueron y no nos pusieron piso”.
Ella ya se resignó a vivir sobre tierra debido a que en noviembre, el próximo “diadetodolosanto”, irá con toda su plebe a Sinaloa porque en Cochoapa no tiene trabajo, “puro sentado en la sombra nomás”. Piensa que con tanto hijo, ni aunque gaste su vida yendo y viniendo a las pizcas le alcanzaría para financiarse un piso en su casa. Lo que gana alcanza para llevarse algo al estómago.
“Nosotros no tocamo, estamo triste porque no tocó piso. Como orita hay mucho polvo, los niños les enferma garganta y poco diarrea, y cuando cocina se ensucia comida y saca enfermedá, y también por el chingo de pulga de los perros”, dijo la señora Rufina Martínez, en Rancho Guadalupe, donde la promesa presidencial no alcanzó para nadie, ni para los que no migraron.
El único piso verdadero que conoce lo echó su hermano después de cuatro años de vaivenes y jornadas asesinas en Culiacán, donde hasta los niños más chiquitos le entraron a la pizcada de verduras.
 “¿Piso Firme? Falta. Llegó, dice… pasó marzo, pasó abril; dice: llega esta semana, y no llegó, y falta toda Xalpa, toda Vista Hermosa, toda Divino Pastor, toda Cascada del Zorro”, denunció Jelipe Cervantes, el encargado de la tienda Diconsa localizada en el camino a Dos Ríos.
La primera vez que vio un “piso bueno” fue hace tres años, recién construida la presidencia municipal de Cochoapa, y quedó ilusionado. “Ese piso queda bien, va a quedar bonito en mi casa, queda limpia, está bueno, no tiene chingo de polvo ni pulga de perro”, dijo que pensó en cuanto lo vio. Aunque su tienda luce el colorido rehilete del logotipo de “Vivir Mejor”, él es otro de los mixtecos que piensa que no vivirá mejor porque ya no ha visto pasar los camiones con cemento.
Pero no todos por esta zona están tristes. Ahí está el caso de la comunidad Joya Real, donde Marcelina Mendoza de la Cruz está contenta con su piso nuevo.
“Sí, pues, gustó mucho”, señaló mientras mostraba su casa ordenada, donde no se veían niños tragando mugre.
“Sí le gustó, pero que lo limpiaran cuando lo hacen bonito, de escoba, que el otro año”, agregó sonriente la joven, mientras se jalaba la trenza de pelo mojado. Lo que no gustó, según interpretación de su esposo, fue que les dejaron el piso sin cepillar, con la pura mezcla granulada.
“Ta bueno piso, ta bueno”, atinó a decir del suyo una anciana vecina que apenas mascaba el español, afuera de una casa de un tal Sandiego Agustín hecha de tablones.
Nadie supo, nadie sabe
Según Victorino Martínez, secretario del ayuntamiento de Metlatónoc, un grupo de funcionarios llegados de México revisó en abril las quejas por el estancamiento de la ejecución del programa, pero no supo “en qué quedó” el problema.
“El delegado dice que el asunto es que la empresa constructora no cumplió en el municipio”, contó el funcionario.
Según la página de licitaciones Compranet, a la empresa Construcciones Monse S.A., se le pagaron 17 millones de pesos por hacer los pisos en Metlatónoc, y a Luis Mario Grácida Vázquez se le entregó una cantidad similar por hacerlos en Cochoapa.
Un empleado de la Sedesol en Guerrero, que pidió el anonimato, dio otra versión: “La corrupción es generalizada en todo Guerrero. La delegación estatal está pidiendo a todas las empresas dinero para darles el contrato, y hasta 100 mil pesos para darles sus cheques por cada avance de obra, y varias dicen que ya se descapitalizaron. Nosotros hemos avisado a las oficinas centrales, pero la delegación nos tiene amenazados con corrernos si decimos algo, y ya corrieron a una compañera que no quiso firmar las transas”.
Afirmó que varios de sus compañeros se han acercado a los funcionarios llegados de las oficinas centrales para susurrarles que revisen la ejecución del programa.
Proceso intentó entrevistar al coordinador de delegados, Silvio Gómez Leyva, para conocer la versión oficial de la dependencia, pero se encontró con que el puesto está vacante. Un funcionario explicó que lo despidieron después de las elecciones por haber realizado un congreso en las playas de Cancún, al que invitó a todos los delegados y sus familias, con gastos pagados por la dependencia que combate la pobreza.
Mientras crecen los rumores de que el secretario Cordero dará otro salto en su carrera, en La Montaña Vicente de la Cruz sigue pendiente del camino de tierra roja por si pasan los camiones con material.
Él sigue esperanzado con la promesa del piso. Y cómo no va a estarlo si, para él, significa una mejoría radical: “Queremos esos pisos para que luego, cuando nacen los niños, no se comen esa tierra; luego empieza la diarrea en los niños cuando es bebecito, agarrando tierra, y con piso está más mejor, más limpio, no enfermo”.

Los asaltatrenes

Los asaltatrenes
Marcela Turati

En todo el país aumentan los robos a trenes, en especial los que transportan maíz. Según la empresa Cargill, en los primeros meses de 2009 ha sufrido más robos de semillas que en todo el año pasado. A su vez, Ferromex y Kansas City Southern de México reportan constantes asaltos y robos, especialmente en los alrededores de Celaya, Guanajuato. Fue ahí donde el presidente Felipe Calderón presentó la semana pasada el proyecto del Libramiento Ferroviario, indiferente a los asaltos, a la violencia policiaca, al peligro que corren diariamente los empleados ferrocarrileros y al hambre de los habitantes de las colonias marginadas.

CELAYA, GTO.- María Jacoba Almanza comienza a salivar cuando pasa por las vías del tren. El camino está tapizado de granos de maíz en vez de piedras, y ella hambrienta.
–¡Mira qué bien harto de máiz! ¡Y ése es trigo, y ésa es cebada, verdad! –dice emocionada a su nuera, al nieto y a la vecina que la acompañan por esas dunas a veces amarillas y a veces rojas. Se agacha, toma un puño de granos con el cuidado de quien encuentra un tesoro, y le sopla para quitarle el polvo. Empieza a hablar de las tortillas que podría cocinar con ese revoltijo de granos y piedras.

–No agarre, al rato que nos trasculquen los policías nos lo van a sacar –le advierte su nuera, que está flaca y lleva una bebé en brazos.

Mientras más avanzan, más aumenta el coraje de doña Jacoba.

–¿En qué les perjudica que levántenos todos esos granitos, los cuélemos, lo muélanos y nos háganos unas gorditas? Como si a la gente pobre no nos hiciera falta. Nos tratan como perros, y no, no somos rateros, somos pepenadotes –alega la doña furiosa; en la mano lleva una camiseta gris con manchas de sangre. Es de su hijo Jorge Arturo Almanza, encarcelado en el último operativo de policías municipales, estatales y federales contra las mafias de los robamáiz –como pronuncia ella–, que terminó convertido en razzia donde agarraron parejo.

La vigilancia comenzó un día después de que en las noticias aparecieron imágenes de cientos de celayenses esculcando trenes y llevándose sus cargamentos.

Los operativos policiacos multicoporaciones son nuevos en Celaya; no así la extraña tolerancia de la empresa Ferromex, de su guardia de seguridad privada y de la policía hacia los asaltos a los vagones. Tampoco la encarceladera de pobres.

El sol cala. Ellas atraviesan las vías, apuradas. Querían llenar sus bultos de maíz pero se arrepienten cuando unos chamacos atontados por «el diablo» que inhalan les exigen 30 pesos por recoger el cargamento tirado en sus territorios.

Es el kilómetro 289, colonia La Guajolota, y ellas son de la Santa Rita, donde el tren, avaro, no avienta nada.

Este es un extracto del reportaje principal que publica la revista Proceso en su edición 1687 que empezó a circular este domingo 1 de marzo.