Haití: El show de la ayuda

PUERTO PRÍNCIPE, 2 de febrero (Proceso).- Los funcionarios posan ante las cámaras repartiendo ayuda mientras la gente pelea por una caja de galletas o una botella de agua. A veces, un balazo crispa aún más la escena… Y, detrás de las cámaras, los países cooperantes y los organismos internacionales parchan el problema con alguna ayuda, ponen su retazo a tientas, sin coordinación. El escenario de fondo son 14 mil militares estadunidenses patrullando con sus metralletas.

Haití: Los hijos del hambre

PUERTO PRINCIPE, Haití, 1 de febrero (Proceso).- De los 3 millones de damnificados que dejó el terremoto de Haití, la mitad son niños. Miles de éstos perdieron a sus padres y al resto de sus familiares. Se encuentran heridos en hospitales sin que nadie los reclame, deambulan por calles y campamentos en busca de comida y cariño; se amontonan en orfanatos que proliferan como “tienditas de barrio”. Si antes de la tragedia ya había 380 mil huérfanos, ahora la cifra se disparó. Ante la proliferación de adopciones por parte de estadunidenses y europeos, el Unicef advierte sobre el peligro del tráfico de infantes. Sólo que en Haití los hijos se regalan para salvarlos de la muerte por hambre…

Sus camas están al aire libre, bajo un endeble plástico azul que detienen con las manos para que no se les venga encima. Con pedazos de bloques de lo que era una pared de su orfanato, los niños improvisaron escalones para alcanzar las literas de arriba. Son 40 los pequeños sobrevivientes del terremoto que habitan en este patio; cinco de ellos recién llegados la semana pasada: sus familiares los dejaron ahí para que los den en adopción y no mueran de hambre. Están por recibir dos bebés más, uno de tres meses y otro de seis meses de edad.

“Los trajeron aquí por lo mismo de siempre: porque no pueden darles de comer, no tienen dinero, no hay trabajo. Y ahora está peor que nunca”, dice el maestro voluntario Wisler Beaulieu, a un lado de la austera y desalojada Misión de Dios para los Niños Desvalidos, a cargo del pastor evangélico Aladin Calixto, quien contempla las profundas grietas en piso y paredes, antes pintadas con representaciones de Dios.

El fenómeno en esta misión se reproduce por Haití como epidemia. No pasa un par de días sin que una mano golpee la puerta de cualquier orfanato y deje a un niño con la súplica de que le aseguren otro futuro que no sea la muerte. Algunas mujeres se acercan a extranjeros para pedirles que se lleven a su hija o hijo.

Voces de alarma

La entrega de niños para la supervivencia no es un fenómeno nuevo en este país que, antes del terremoto, ya tenía 380 mil huérfanos y los orfanatos proliferaban “como las tienditas de barrio”. Oficialmente son 660, pero muchos más escapan del registro.

Ahora, con la capital del país y varias poblaciones de provincia destruidas, con escasez de comida y agua potable, falta de trabajo y de dinero, y con 3 millones de personas damnificadas (la mitad, menores de edad) y otras muchas desaparecidas, los orfanatos parecen cargar con el peso de la tragedia.

El desastre desencadenó que europeos y estadunidenses pidieran agilizar los trámites de adopción. Las embajadas apoyaron los intereses de sus ciudadanos y mandaron aviones a recoger niños, hasta que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lanzó la voz de alerta: también podrían estar saliendo niños robados.

En una primera llamada de auxilio, que nunca se confirmó, el organismo informó que 15 menores fueron sacados de un hospital. “Ha pasado una semana del temblor y creemos que está ocurriendo el tráfico de niños, porque siempre sucede en situaciones caóticas como éstas (…) Tenemos que pararlo y pararlo ya”, dijo a Proceso Kant Page, vocero del Unicef.

“La gente aprovecha estos momentos, ya que hay crisis y el gobierno no existe, van al aeropuerto y dicen que sí tienen los papeles legales, que ya estaban en proceso de adopción”, explica la funcionaria haitiana de ese organismo, Mireille Triebe. “Desde antes ya había mucha gente que venía acá por niños, ahora con el relajamiento del gobierno y el control de los soldados estadunidenses en el aeropuerto, que dan prioridad a ciudadanos de su país y se llevan a sus niños, hay mucha gente que se aprovecha”, dice.

No sólo corren peligro los refugiados en estos asilos. Muchos niños están heridos y extraviados en hospitales, sin un familiar que los acompañe. Otros están cobijados por familias extrañas en los campamentos de damnificados, o deambulan solos por la calle sin poder hacer filas para recibir alimentos.

Cuando el 20 de enero el Unicef dio la alerta, el primer ministro haitiano Jean-Max Bellerive informó por radio sobre el problema y decidió ser él mismo quien autorice la salida de los niños adoptados. Las radiodifusoras avisaron a la población que se mantenga alerta. Los hospitales recibieron la orden de no entregar a ningún niño a quien no demuestre parentesco, y las oficinas de migración deben revisar concienzudamente los documentos de identidad en la frontera con Santo Domingo, en el aeropuerto y en los puertos.

Como medida extrema, el Unicef concentrará a los niños sin parientes en campamentos infantiles, con restricción de ingreso para adultos. A todos se les colocará una pulsera irremovible con su identidad.

En atención a la alerta, algunos países como México suspendieron las adopciones. Otros no sólo la desdeñaron, como Estados Unidos y varios europeos, sino que obviaron los trámites. Así, la primera dama francesa Carla Bruni dio la bienvenida a 33 menores, y en su embajada en Puerto Príncipe hay otros mil 200. Un diplomático de la embajada francesa confirmó el miércoles 27 a periodistas mexicanos que los servicios de asistencia de su país evacuaron a unos 200 heridos, la mayoría niños, a Martinica y Guadalupe. Aseguró que serán devueltos al país. Informó además que 400 niños que estaban a punto de ser adoptados por familias francesas salieron con el permiso del gobierno haitiano. Supuestamente, pasada la emergencia, regresarán a terminar los trámites de adopción.

Otros 109 fueron enviados a Holanda; en Estados Unidos, 53 son esperados en Pittsburg y 80 ya están en Miami.

Aunque las embajadas de esos países dicen que han rescatado sólo a los que estaban en proceso de ser adoptados antes del desastre, organizaciones como el Unicef y Save the Children temen que entre ellos vayan niños separados de sus padres o a los que les sobreviva algún familiar que pueda hacerse cargo de ellos. Piden esperar.

La Comunidad Europea se rige bajo la ley sobre Adopción Internacional que impide que se pueda adoptar niños de países en guerra o catástrofe natural. En Haití estaban suspendidos los trámites desde 2007. Sin embargo, los ministros de Justicia de la Unión Europea estudian la posibilidad de acelerar las adopciones. Estados Unidos, además de los “trámites express”, comenzó a entregar visas humanitarias para “salvar” a infantes.

Pero el daño está hecho. “El miércoles y jueves (13 y 14 de enero) después del terremoto, no hubo personas del servicio del Ministerio de Asuntos Sociales en el aeropuerto verificando pasaportes de los niños, los vi hasta después; y la gente del servicio de la Dirección General de la Policía Judicial a cargo de los niños no está presente a diario en el aeropuerto”, dice a la reportera el comisario de policía responsable del aeropuerto, Justin Marc.

Un funcionario de la embajada estadunidense que controla el ingreso al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture comenta a Proceso: “Hubo unos vuelos al principio con huérfanos, pero no sé mucho”.

Y explica que durante la evacuación de ciudadanos estadunidenses (hay 40 mil en Haití) se verifican los datos para ver que estén registrados los niños que los acompañan.

“Tráfico hormiga”

Un funcionario de la ONU, cuya identidad pidió no revelar, señala que el problema no está en los niños que salen por los aeropuertos, sino en el tráfico hormiga de niños en la frontera con República Dominicana, realizado por personas que se hacen pasar por parientes. “Puede argumentar que es su tío, que sus padres murieron, que sus papeles quedaron destruidos con la casa ¿cómo pruebas lo contrario?”.

Da otro dato: Haití es ruta del tráfico de droga y en el país hay más de 100 pistas de aterrizaje clandestinas que podrían ser utilizadas para traficar personas y otras mercancías.

“Lo ideal sería que esos niños llega ran con familias que les den cariño, pero muchas veces esos niños son usados para piezas: valen más sus órganos que ellos completos”, lamenta.

Por ahora, el Unicef se dio a la tarea de censar los orfanatos. Varios quedaron en escombros y sus pequeños habitantes se incorporaron a campos de refugiados o viven entre las ruinas. Y más personas –a veces los padres mismos– les siguen entregando niños.

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Nombre: Sebastián. Peso: 3 kilos. Talla: 48 cm. Edad: 3 días. Nombre de los padres: Desconocido.

El bebé duerme en un cunero en el Hospital General de Puerto Príncipe, en una tienda de campaña que hace de pabellón de pediatría.

–¿Cómo saben su nombre? –se le pregunta a Ángela Herrera, una enfermera colombiana avecindada en Miami que lo cuida como si fuera suyo.

–Nosotros le llamamos así. Llegó anoche. El historial dice que no tiene a nadie, sus papás murieron. Está sano, aunque trae cosas superficiales: está quemado por el pañal debido a que nadie se lo cambió durante días, viene deshidratado, con diarrea. Nadie le había dado cuidado, pero ahora yo me encargo de que coma cada tres horas.

La enfermera sonríe y retira pelusitas de la cabeza del recién nacido. Habla de él, de cómo lo alimenta y le canta, y de la frustración y el hambre que siente y que le provoca ganas de regresarse a Miami.

“Quiero irme para traer muchas cosas que hacen falta, porque los donantes mandaron cosas sólo para adultos y se olvidaron de los niños, y para ellos todo falta: no hay pañales ni fórmula, falta Pedialite, agujas para bebé porque todas son demasiado grandes para sus venitas y tubos para darles de comer que no les entran. Es difícil, te frustra no encontrar nada de lo que necesitan”, dice.

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Marlene Thompson, administrativa de ese maltrecho hospital, cuyo patio está lleno de heridos, dice que no recuerda cuántos niños solos estuvieron internados, pero los primeros días fueron muchos.

“Ahora sólo hay uno (Sebastián), dos días antes salieron otros dos que había, de cinco y ocho años. Le llamamos al orfanato Danitas Children, de un sacerdote, el padre Frichette, para que los recogiera”, explica la mujer encargada de los abandonados. Ella misma no sabe qué destino tendrán los pequeños.

Las restricciones a las adopciones por el escándalo del robo de menores enoja a los propietarios de los orfanatos que promocionan sus servicios a través de internet.

“En Haití, la adopción es una forma de salvar vidas”, asegura Gladys Maximine, directora del orfanato La Casa de los Ángeles que aloja a 80 niños ansiosos de tomar de la mano a los adultos que traspasan la reja.

El orfanato dañado en el terremoto se mantiene de las donaciones de los padres agradecidos por sus servicios. En su campamento se ven cajas de agua y comida. Ella está orgullosa de su “prestigio”.

El viernes 22, Proceso visitó el lugar. Los niños Tania, Policía, Daplekaina, y Nick estaban preparándose para ser recogidos por familias catalanas que habían iniciado los trámites antes del desastre. Y Maximine estaba molesta con el Unicef:

“Después del terremoto, los niños están en situación terrible. Aquí (en el orfanato) están en el cielo: tienen luz, electricidad, agua potable. En otros lugares la situación sanitaria es muy grave, pueden enfermar y morir. Y si hay mamás que quieren recibir niños, ¿por qué no darles la posibilidad de la adopción? Que se los lleven y que después regresen al papeleo, pero no esperar a los trámites para entregárselos. No sé por qué no quieren los del Unicef que los niños vayan a tener una vida mejor.”

La presión de quienes quieren ser padres adoptivos se refleja en internet. Blogs como el argentino adoptandoenhaiti recibió comentarios como este: “No entiendo: niños muertos de sed y no se pueden adoptar, por favor, en qué mundo estamos… No ven que hay millones de personas, entre las que me encuentro, dispuestos a darles una oportunidad no sólo de que vivan, que allá no la tienen, sino de que vivan bien con cariño y las cosas necesaria para una buena vida”.

Otro: “A Javier, mi esposo, y a mí nos gustaría poder adoptar un niño/a haitiano (…) No sé por dónde empezar, suponíamos que en este momento en que están pasando por esta desgracia, y habiendo tantos niños adoptables, las cosas serían más fáciles, pero veo que no. Agradecería cualquier información”.

La semana pasada, el orfanato de Maximine recibió más niños que no pueden ser cuidados por sus familias. Relata el caso de una señora que entregó a su niña porque no podía alimentarla más; ya de noche se arrepintió y pidió que se la regresaran porque no podía conciliar el sueño pensando que la niña no sabe dormir sin ella. Al día siguiente la llevó de nuevo porque no tenía comida.

“No pueden tenerlos porque no tienen dinero ni trabajo ni pueden ir al hospital si se enferman. La mamá o papá que da al niño hace un acto de amor, un sacrificio, para el niño. Pero la gente que no acepta eso no le importa el niño, al cabo si muere no es su problema”, dice.

Galletas de lodo

Maximine lo pone así: “Afuera les dan de comer galletas de lodo, hechas con tierra y agua. Cuando vienen con niños así, tenemos que tenerlos con medicamentos por seis meses para que se mejoren”.

Los pasteles de barro, las cookies, son baratas y la gente las utiliza para matar el hambre. “Hay gente que las defiende porque dan hierro a las mujeres embarazadas, pero son inaceptables. El año pasado, cuando aumentaron los precios de los alimentos, las cookies reaparecieron”, confirma Alejandro López Chicheri, un español vocero del Programa Mundial de Alimentos, organismo que antes del terremoto alimentaba a 1 millón de haitianos en riesgo de hambruna, y está por incluir otro millón.

El problema es estructural: Haití importa 60% de los alimentos que consume, cultiva poco, sufre una deforestación masiva por culpa de los hornos de carbón vegetal (sólo 3% de los bosques nativos se conservan), 80% de la gente vive con menos de un dólar al día y no tiene empleo.

Desde su campamento en Puerto Príncipe, López Chicheri señala los cerros que rodean la ciudad (cada tanto sobrevolados por helicópteros estadunidenses) y dice: “Esas colinas parecen el desierto de Kandahar (en Afganistán). No hay ningún árbol, y cada vez que vienen riadas de lodo y rocas, hay desastres y la gente vuelve a perderlo todo”.

El paisaje seco, deforestado, es dominante. Así luce la parte rural del conurbado Lila Vois, donde tres funcionarios del Unicef se dedican a censar orfanatos. En uno encuentran a 16 niños sobre el suelo comiendo un engrudo grasoso de arroz con frijol; en otros, los platos vacíos y, entre ellos, a una niña desnutrida, con los ojos hundidos, flaquísima, tendida en una lona. Han visto a niños que duermen atrás de unos muros rotos, en una tapia sin techo, en los restos de lo que era un templo.

La maestra vasca Mayi Garmendia se dirige a un grupo de amigos parado en una esquina.

–Disculpe, nosotros estamos buscando el orfanato.

Uno da una dirección, otro señala el de las monjas, y el tercero señala otro sitio.

–¡Hay un orfanato en cada esquina!, esto es como las tienditas de barrio. Sabía que había orfanatos, pero no tantos.

La falta de direcciones complica su misión de ubicar orfanatos para llevarles ayuda de emergencia, y eso desata otras complicaciones, como las que sufrió el orfanato Mesón de Lumiére, en el conflictivo barrio de Cité Soleil, que estuvo a punto de ser atacado horas después de que un camión les llevó víveres para 15 días. No sería la primera vez: durante las revueltas políticas de 2008, los orfanatos fueron saqueados.

La ONU está preocupada también porque los niños con parientes tampoco tienen asegurado el alimento, están ausentes de las filas de repartición de comida. “Los adultos pueden ir a buscar la comida y aguantar en las filas de repartición, son jóvenes, tienen fuerza, ¿pero un niño qué va a alcanzar a coger entre tanta gente? Tenemos que asegurarnos de que la comida no llegue sólo al más fuerte”, dice López Chicheri.

En muchos casos, ante la pérdida de padre y madre, los pequeños quedaron a cargo de familiares que no siempre son aptos para cuidarlos. Una de ellas es María Celia Dorcely, una anciana cansada que acampa en la Iglesia Saint Pierre y carga con un nieto de dos años vestido con overol que se aferra a ella con todas sus fuerzas. Sus otras nietas, Emanuella y Rebecca, la acompañan en la fila callejera para recibir un chequeo de médicos estadunidenses, custodiados por marines armados.

–Cuando fui a ver cómo estaban, los encontré y los saqué. Mi hijo y su esposa estaban muertos –explica la anciana.

–¿Cómo hará para mantenerlos?

–No tengo nada, sólo Dios sabe.

La preocupación de los organismos internacionales va más allá de que los niños tengan alimentos y que regresen pronto a alguna de las escuelas que quedaron en pie (153 se destruyeron): otros riesgos son una epidemia de malaria por el agua sucia, que los infantes sean obligados a prostituirse, que sufran traumas psicológicos.

En el campamento ubicado en Bon Repose, por ejemplo, los niños sobrevivientes al derrumbe de su escuela-orfanato duermen entre el gentío.

“Cuando llegamos a la escuela encontramos que todos los niños estaban llorando. Tres murieron aplastados por los bloques que les cayeron encima, varios estaban heridos. Nos llevamos unos 15 o 16. Ahora todos los niños del barrio duermen al aire libre, sobre un basurero. Van a agarrar infecciones contagiosas y están muy afectados. Hay un niño que cada vez que oye un ruido fuerte se shockea, corre, piensa que es el temblor. Otro perdió la mente”, dice Carl Thelemaque, el vecino que se encarga de encontrar comida para ellos.

Se calcula que en Haití viven 10 millones de personas, y 4 millones 100 mil son menores de 21 años. De los 3 millones de damnificados, la mitad son niños. Antes de que el terremoto generalizara el hambre, uno de cada cuatro infantes vivía con desnutrición crónica y para 6% era severa.

Este es el país latinoamericano con la mayor tasa de muertes infantiles.

“Hay muchos niños que comen pero no están bien nutridos porque se alimentan de puros carbohidratos, pura grasa, nada de proteínas. Quizá comen una vez cada tres días y lo que comen no es adecuado”, dice Mireille Triebe.

Y señala: “Regalar a un niño pasa frecuentemente desde antes de la emergencia: es difícil encontrar dinero para darles de comer. Si se hacía antes, ahora con la emergencia corren más peligro. Muchas mamás regalan a sus hijos porque no quieren que mueran con ellas, y la probabilidad de que esto pase es alta”.

Los fantasmas de la Sierra Tarahumara

EL ALAMILLO, CHIH., 25 de enero (Proceso).- Entre la Sierra Tarahumara y Ciudad Juárez está la Alta Babícora, donde la reportera vio, del 11 al 14 de enero, cómo la pobreza de la tierra y de la gente ardió con un soplo del diablo. A los pueblos más apartados llegaron los narcotraficantes y, ante la total impotencia de los abandonados municipios, coparon caminos, mataron a los rejegos e incendiaron las casas. Los que no fueron levantados por sicarios, huyeron de los militares. Y los pocos que se quedaron siguen buscando al único desaparecido que, sin embargo, nunca estuvo presente: el gobierno.

En este pueblo no ladran los perros; sólo se escucha el silencio, a veces interrumpido por las camionetas que cruzan por la carretera y que a veces se meten por las calles de este paraje abandonado.

Es medio día y no hay gente en las calles. Tampoco se oyen voces en la escuela. Ningún metiche se asoma por la ventana para ver pasar a los viajeros. Las ventanas de varias casas están rotas y nadie se ha empeñado en cambiarlas.

Al entrar a este pueblo viejo, de bardas de adobe carcomidas por el viento, de álamos altos, se ven vehículos mal estacionados, como aventados a medio camino: por ahí una camioneta roja con vidrios rotos, más allá otra con las puertas abiertas, como si sus tripulantes hubieran salido corriendo. Huyendo de algo, de alguien.

Sobre la carretera, en vez de un letrero que dé la bienvenida a El Alamillo se ven los restos de lo que era la tienda Diconsa: la puerta sin tranca, el negocio abandonado y saqueado, el tizne cubriendo la fachada de colores que lucía antes del incendio.

Esa quemazón arrasó varias casas y negocios. Las estructuras con los puros muros de pie, los muebles reducidos a ceniza, las láminas del techo achicharradas en el suelo, indican que el año pasado aquí se libró una guerra.

En el recorrido por este pueblo de álamos pelones de hojas y de ramas enredadas como marañas, sólo se ve un ánima a lo lejos: es un anciano que se espanta el frío cobijándose con los rayos de sol, como lagartija, afuera de su casa de adobe.

Este mismo paisaje de casas abandonadas o quemadas se aprecia en varios de los pueblos que rodean la Laguna Babícora, donde comienza la zona serrana de Chihuahua denominada la Alta Babícora, a medio camino entre la Sierra Tarahumara y Ciudad Juárez. La zona que el año pasado sufrió la barbarie.

De pronto, de entre el abandono, aparece una mujer que estaciona su auto en la única tienda abierta del pueblo, afuera de la casa que en lugar de sala tiene anaqueles para exhibir alimentos.

“Quedamos pocos, antes aquí vivíamos muchos. En la primaria quedaron seis niños nomás, están viendo si la cierran, igual la secundaria”, comenta.

La dueña de la tienda agrega: “Antes había más tiendas, ahora somos la única que queda, pero no tenemos clientes”.

Hasta hace un mes esta tienda tuvo competencia, pero las otras fueron cerrando por quemazón o abandono, cuando las sombras de la muerte comenzaron a pasearse por las calles. La dueña de la única tienda y su marido no se fueron. Él es mecánico, los dos tienen trabajo; pero sus hijos chiquitos andan en la vagancia: se quedaron sin escuela.

“El kínder cerró, no hay niños. Voy a ver si a este puedo inscribirlo en Gómez”, dice la mujer y señala al niño, que le pide de los dulces exhibidos en los anaqueles. Gómez Farías es cabecera del municipio vecino.

La única clienta se aleja por el llano, amarillo de tan seco, de árboles pelones con sus ramas como marañas, como de película de olvido.

El paisaje es tan desolado como lo cuentan.

El Alamillo es un pueblo del noroeste de Chihuahua, en la zona del silencio, porque de la violencia que ocurre aquí no se habla. Se queda en rumor. Eventualmente sale publicada en algún diario local con denuncias anónimas.

“Esa zona está prácticamente asolada porque muchos se van huyendo. Los que pueden se van a las ciudades, Cuauhtémoc, Chihuahua, Juárez o a Estados Unidos, a Nuevo México y Texas, con sus parientes. Otros anduvieron vagando mucho tiempo en la frontera. Unos estuvieron en Palomas, sin trabajo, incluso muriendo de hambre con sus familias porque no querían regresar ahí. Y los que se quedan son interrogados y acosados por los soldados, que les dicen: ‘A ti te protege el cártel. ¿O porqué no huiste? ¿No serás de ellos?’”, dice el diputado local Víctor Quintana.

Y para Gabino Gómez, dirigente de El Barzón en Chihuahua, esta “es tierra de nadie”. Así se lo dijo en diciembre a los generales de la región militar encargados del Operativo Conjunto Chihuahua, en una reunión que tuvieron con las organizaciones de la sociedad civil, que les reclamaron por sus excesos.

Los reflectores de la violencia los acapara Ciudad Juárez, con su récord sostenido de asesinatos, pero la zona rural de Chihuahua, con su nervadura de caminos y brechas que conecta la Sierra Tarahumara con la frontera en una línea, acumula mala fama como albergue de narcocultivadores, y su estela de violencia y sufrimiento.

El día en que se hizo este recorrido por la zona, el municipio de Madera, al que pertenece Alamillo, amaneció con una noticia: levantaron a un hombre frente a la presidencia municipal, a plena luz del día.

–Era don Tino, era de aquí. Fueron por él unos encapuchados y se lo llevaron enfrente de su hija. Ella se engaruñaba a su chamarra, no quería dejar que se lo llevaran, pero se lo quitaron –comenta una anciana del vecino pueblo de Nicolás Bravo, que también luce casas quemadas.

–¿Seguido desaparece gente?

–Hace dos semanas se llevaron a otro muchacho; a él lo encontraron con las manos mochadas –responde.

Nicolás Bravo tiene tramos que parecen escenarios de guerra. Ahí están la Refaccionaria y Ferretería Vázquez, con sus paredes ahumadas y el techo vuelto chatarra. La misma suerte corrió una casa amplia cuyas bardas eran coronadas por figuras de águilas. Otra casa rosa, que se veía de lujo, quedó convertida en una tapia abandonada con los puros muros de pie, con vista al cielo.

La ruta Madera-Ciudad Juárez

Desde el año pasado, en estos dos pueblos vecinos comenzó a notarse el movimiento. En el Diario de Juárez se informó que al menos 15 familias habían huido, luego se manejó que 50.

“Yo he visto familias con las camionetas cargadas o gente que se fue de plano sin nada”, comenta un camionero asignado a esa zona. Él, como la mayoría, tiene miedo de hablar y no quiere ser citado por su nombre.

Es la conjunción de brechas como nervios que conectan la región. La “Y” de Madera a Ciudad Juárez, que tiene ramificación por Villa Ahumada: donde cualquiera puede estar y al día siguiente desaparecer.

Los relatos de lo que ocurre en esta zona, que el diputado Quintana nombra como “la Y de la muerte”, parecen increíbles. Por ejemplo, la aparición del comando armado que en segundos inmovilizó a las decenas de asistentes a una carrera de caballos, asesinó a tres y se llevó por lo menos a otros tres, aunque la gente rumora que desaparecieron más. La mujer que le escribió al presidente de la República pidiéndole que draguen la presa El Tintero porque tiene la sospecha de que sus hijos desaparecidos están ahí, ahogados. Los buzos contratados para buscar a un borracho que podría haberse ahogado en la misma presa…

“Fue en la presa El Tintero, límites de Buenaventura y Namiquipa. Iban a buscar a un señor ahogado y los buzos encontraron en el fondo dos vehículos con gente dentro. Esto no fue público, no salió. La información se queda corta”, dice Gabino Gómez sobre este suceso.

Fue público el éxodo apresurado de familias enteras que vieron arder sus casas o el asesinato de uno o varios de sus miembros. También se sabe que en esta región nadie quiere ser policía, están vacantes algunas alcaldías y faltan regidores, los que había están muertos, renunciados, huidos o desaparecidos.

En esta zona desaparecieron cuatro policías rurales y un teniente del Ejército cuando se trasladaban del Valle de Juárez al cuartel de Madera. Sus familiares recorrieron el camino por tierra y rentaron una avioneta, pero parece que se los tragó la tierra. Aquí también los narcos levantaron a un alto mando de inteligencia de la Policía Federal, cuyo cuerpo fue encontrado en el tiro de un pozo. Pronto la región se llenó de militares en busca de narcos y se atizó la violencia.

Se dice que estos caminos tienen ojos, porque los vigilantes de los narcos están en todas partes.

Un agricultor de esta región, donde se ven grandes extensiones de tierra con ganado y áreas con huertas de manzanos, cuenta lo que es el miedo cotidiano de convivir con los narcos:

“En mi huerta encuentro un vehículo con gente cuidando la carretera. Si avanzas otros kilómetros, se ve otro, y más adelante otro… Así está todo el camino, eso se da en toda la región. Si no lo conocen a uno, es arriesgado andar en los caminos porque lo detectan, lo paran, lo cuestionan. Te dicen: ‘Sabemos que fuiste a tal lado y que vienes de tal otro, tú ya no pasas por acá’.”

Otro vecino comenta: “La seguridad en la zona está a cuenta de gente a pie, a caballo, en vehículos o unos que están poniendo botes junto a la carretera y que pasan información a los narcos sobre quién pasa. Antes eran visibles porque estaban en vehículos parados al lado de la carretera, pero ahora se visten como si estuvieran en las labores del campo”.

Otro narra: “Llegan a los ranchos o bodegas de la gente y las abren y meten autos robados. Y tú sabes que están ahí y te aguantas, no puedes decir nada. A un conocido lo mataron porque se negó a que su bodega la usaran para guardar un vehículo robado. Lo levantaron, lo mataron y lo aventaron por ahí”.

Por estos lugares la consigna parece ser no hablar. Todos parecen miedosos. Los repartidores de productos cuentan que a veces corren la mala suerte de ser detenidos, interrogados, asaltados o golpeados por transitar en una mala hora. La advertencia que recibieron de parte de los capos locales es que los caminos deben estar despejados por las noches. Dice un repartidor:

“A las ocho de la noche ya no sales, desde que se mete el sol estás refugiado en tu casa. La gente ya no viaja de noche por esos caminos, se corre el riesgo de que la paren y pueden pasarle varias cosas. Porque los narcos y los militares ponen retenes en el camino. Si el retén es de los narcos, lo mínimo que te pasa es que te dan unos aventones y madrizas en el mejor de los casos, cuando no roban tu celular, tu cartera o el vehículo, si les gusta, o hasta puede que te lleven y te maten, Y el Ejército, cuando te para, también te golpea y roba posesiones.”

Desapareció hasta el gobierno

Algunos pueblos se salvaron de la barbarie, como El Porvenir del Campesino, un pueblo desolado, de casas de adobe y alambres de púas que delimitan potreros, donde presumen que están alejados de la trama de las drogas.

“Acá vive pura gente mayor, puro campesino. Todos nuestros hijos se fueron a Estados Unidos y desde allá nos mandan dinero”, dice un ranchero con la ropa desgarrada, que camina cerca de la tienda Los Diablos, un cuarto estrecho y desolado como el pueblo mismo.

Víctor Quintana señala que los municipios de Gómez Farías, Madera, Zaragoza, Temósachi, Matachic y Namiquipa tienen muchos desaparecidos.

“Es como una “Y” de la muerte que conecta de un lado con el Valle de Juárez a Villa Ahumada y forma un camino de brechas clandestinas a la sierra, a la parte productora (de enervantes)”, describe.

El legislador estatal hace una relatoría de las tragedias conocidas: primero fue ejecutado el comandante de la policía de Galeana. El año pasado se inauguró con la desaparición del comisario ejidal de Gómez Farías, Raúl Rascón. En marzo de 2009 los narcos quemaron casas en El Alamillo y Nicolás Bravo, y se llevaron a varias personas, entre ellas dos maestros, a los que sus padres buscaron por meses.

Sigue: el 1 de febrero, en la carrera de caballos de El Terrero, Namiquipa, mataron a tres y se llevaron al menos a otros tres, aunque aún hay gente que afirma que fueron muchos más. Un regidor de Madera que se opuso a esos ataques tuvo que irse de la región porque le quemaron la casa y golpearon a su familia. De Nuevo Casas Grandes se fueron empresarios y agricultores por la ola de secuestros y las constantes extorsiones. En la zona incluso hubo secuestros de niños.

“En toda esa región de la Alta Babícora: Namiquipa, Nicolás Bravo, Soto Maníes y Madera, hay gran cantidad de casas quemadas. En El Alamillo acabaron con familias completas; los que no murieron huyeron”, dice Quintana.

Gabino Gómez resume: el narcotráfico siempre ha existido en la zona y la gente de ahí no se escandalizaba porque se mantenía en bajo perfil, guardaba su distancia. “Pero ahora se desataron los demonios”, admite.

Relata que durante los operativos, las escuelas cerraban abruptamente cuando empezaba la violencia y rápidamente iban los papás a sacar a sus niños de la escuela, desde los de kínder hasta los del telebachillerato.

Ahora, señala Felipe Ruiz, dirigente de la organización de derechos humanos Cosyddhac, “nos manejamos en una carencia de información, es difícil que la gente denuncie porque tiene miedo, y cuando denuncia no pasa nada. Recibimos quejas contra el Ejército, el general Espitia nos dice que eso que dicen no es cierto. Y mientras, hay mucha violencia y mucha oscuridad, porque no hay elementos sobre los cuales poder bordear la verdad”.

La desaparición forzada más reciente ocurrió en otro tramo de esta maraña, en el ejido Benito Juárez. Este caso, según los testigos, involucra al Ejército. El 26 de diciembre unas personas que la gente identifica como militares se llevaron a dos mujeres y a un hombre, miembros de la familia Alvarado, y aunque el Ministerio Público les confirmó que fue un operativo del Ejército, éste lo negó y no volvió a saberse el paradero de las personas.

Gabino Gómez ofrece otro dato: “Yo les señalé a los militares que en la región del noroeste, en la zona rural, no hay gobierno, porque sólo se enfocan en Juárez y en las ciudades, pero en el campo hay pueblos tomados por el crimen organizado, que siembra terror, y la llegada del Ejército no resuelve nada por los abusos que comete, el robo de vehículos. Sus camiones parecían casas de mudanza de tan cargados que iban de muebles.

“Es la región que va desde Namiquipa hasta la frontera, pasando por Gómez Farías, Buenaventura, Janos, Ascensión, Zaragoza, Galeana, Casas Grandes… que es una línea real, que es la zona donde desapareció el gobierno.”

En Juárez, la otra opción…tardía

CIUDAD JUÁREZ, Chih., 26 de diciembre Proceso).- La Suburban negra blindada, de vidrios polarizados, es seguida por tres camionetas oscuras que transportan gente armada. El notorio convoy sube la loma, rebasa viviendas construidas con láminas y llantas, pisa calles a las que la última lluvia destapó las caries y frena ante una casa desvencijada. El barrio tiembla. Les llegó la hora de la muerte, se figuran.

De la camioneta baja el hombre resguardado. Es de cara rosada, va trajeado, llega sonriente. Al reconocerlo, la dueña de la casa se carcajea de nervios y le confiesa: “Nos asustó. Íbamos a salir corriendo, pensamos que eran sicarios y dijimos: ‘¡Y atrás vienen más!’”.

El hombre que casi los mata de susto es José Reyes Ferriz, el alcalde de esta ciudad que en dos años –a partir de la militarización ordenada por Felipe Calderón– alcanzó el récord mundial de asesinatos. Donde, a pesar de la presencia de 10 mil soldados y 3 mil policías, todos los días se traspasa el límite del horror, pues hoy amanece un hombre sin cabeza amarrado a un puente, mañana son “fusilados” cuatro jóvenes, pasado masacran a una veintena de adictos de un centro de rehabilitación, al día siguiente una bala perdida atina un niño en su salón de clases o un loco entra a un bar y asesina al ritmo del tín-marín.

Cuando los vecinos se dan cuenta de la confusión, se ríen al verse traicionados por la cochina maña que agarraron de acostumbrarse a la muerte, la misma que los hace tirarse al piso si al mesero se le cae la charola (pensando que comenzó la baliza), no reclamar los accidentes de tránsito por miedo a que los haya chocado un sicario o llamar a la policía cuando encuentran a un “encobijado” en la calle, aunque en realidad sea un indigente tapándose del frío.

Juárez, donde se estrenó la estrategia de la militarización, es la ciudad que ha puesto la mayoría de los muertos de la “guerra contra el narcotráfico” que se libra en todo México. Y el próximo año será el laboratorio de la segunda etapa de la estrategia. Esa es la explicación de la sorpresiva aparición del alcalde en la colonia Fronteriza.

“El año próximo tendrán una preparatoria”, anuncia Reyes Ferriz a los vecinos, que ya se aglomeran a su alrededor y a quienes comienza a preguntarles cosas raras: hasta dónde tienen que viajar para ir a una biblioteca, a cuánto tiempo les queda el parque más cercano, si tienen un museo cerca. Los vecinos le cuentan del arroyo que tienen que cruzar para ir a una biblioteca, del baldío que usan como parque, de los kilómetros que los separan de un cine y de cualquier banco.

“El jueves vendremos a elegir el terreno para la prepa”, les dice el funcionario antes de seguir su camino. Pero se guarda un secreto: en la zona Norponiente, donde se ubica la Fronteriza, podría estrenarse un programa millonario que pretende servir de torniquete para que la ciudad no se desangre, pues en estos dos años han sido asesinadas más de 3 mil personas.

En esta ciudad de un millón 300 mil habitantes mueren 159 por cada 100 mil, un promedio de 12 asesinados por día.

Reyes Ferriz pide a su chofer que se detenga en la cima de un cerro, desde donde muestra las favelas juarenses, las colonias afincadas sobre el olvido, e imagina que en ese hoyo poblado por 400 mil personas (una tercera parte de la población) se levantarán megabibliotecas con canchas deportivas, escuelas, parques, centros de justicia comunitaria y museos, como vio en la ciudad colombiana de Medellín, que en los noventa era la capital mundial de los homicidios.

El proyecto no es una locura suya. Consta en un documento que tiene planos, montos y estadísticas, y el cual descansa sobre su escritorio. Lleva por nombre Proyecto de Intervención por Juárez y el membrete de la Secretaría de Gobernación.

Es un plan ambicioso de inversión social. Es el reconocimiento tardío de que la militarización no detendrá la violencia si no se invierte en mejorar la vida de la gente. De que si la gente no tiene oportunidades, Juárez será siempre una incubadora de sicarios.

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Es jueves 10 de diciembre y a las 8 de la mañana el presidente municipal trabaja en su oficina, desde donde se mira el puente fronterizo. El periódico que venden en las esquinas anuncia: “Suelto el diablo: matan a 16” (destaca el hallazgo de una mamá y sus hijas asesinadas en su vivienda, y la aparición de una sicaria que asesinó a otra mujer).

El alcalde reconoce que diciembre pinta duro: empezó con un repunte de asesinatos y no bajan los secuestros y los robos. Confiesa que cada día recibe llamadas de amigos desesperados porque han sido extorsionados.

El domingo anterior un nutrido grupo de ciudadanos marchó por las calles pidiendo una solución para Juárez, unos empresarios pidieron a gritos la presencia de los Cascos Azules de la ONU y los periódicos constantemente critican al alcalde porque duerme todas las noches en la vecina ciudad de El Paso, Texas.

Pero hoy el alcalde luce tranquilo, dice que el programa que están por aprobar en Los Pinos es un “proyecto de esperanza”. No sabe cuánto dinero soltará la Federación, pero el presidente y el secretario de Gobernación ya hicieron público que enfrentarán la violencia en esta frontera con programas sociales. Y esos programas son los que tiene en el escritorio.

Para armar la propuesta, el alcalde viajó a mediados del año pasado a Medellín, asesorado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esa ciudad vio cómo se hicieron inversiones millonarias en educación, espacios públicos y oportunidades de desarrollo en las comunas más pobres, donde vivía la gente no tenía más opciones de vida que la delincuencia.

Regresó tan impresionado que envió a cuatro miembros de su gabinete a estudiar ese modelo y otro de Guatemala, donde la organización Ceiba les mostró cómo le hace para incorporar al empleo a los jóvenes pandilleros. Así armó la propuesta que le entregó a Laura Carrera, la comisionada de la Secretaría de Gobernación para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que tiene oficinas en Juárez.

El Proyecto de Intervención pretende construir grandes obras en los lugares donde ocurren los feminicidios y la mayoría de los asesinatos, que coinciden con las zonas donde los niños crecen en la calle por falta de guarderías y donde los jóvenes abandonan los estudios porque no tienen preparatorias cercanas.

“Nos dimos cuenta de que, aunque tengamos 10 mil soldados en la calle y 3 mil policías, mientras tengamos tantos chavos que no estudian ni trabajan, no vamos a evitar que caigan en la tentación del crimen organizado”, explica el secretario del Ayuntamiento, Guillermo Dowell.

Aún no pasa el medio día, y ya han sido asesinadas cinco personas en la ciudad.

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Un día más amanece y Carlitos hoy cumple 13, su padre no estuvo ahí para felicitarle, un abrazo darle (…). Desde que se va al callejón se mira muy delgado y es que su madre no tiene tiempo para educarle porque se la pasa trabajando, luchando porque no le falte nada (…). Dejó la secundaria por andar en la vagancia, qué triste infancia la de Juanito, cuando una balacera se desató en su barrio él se quedó tirado en el piso, a muy corta edad a la tumba fue a dar.

“La historia de Carlitos” es un rap que compuso un joven juarense llamado Aarón, que acaba de grabar su primer disco y se hizo popular en los barrios donde los jóvenes se enrolan en las pandillas, donde los cárteles de la droga reclutan a los chavos como vendedores y los jóvenes son asesinados como moscas, justo ahí donde el gobierno pretende construir nuevas guarderías, bibliotecas y preparatorias.

La tragedia juarense está muy bien documentada y durante décadas ha sido denunciada por académicos y oenegeístas: esta ciudad, desde los años setenta, recibió gente de todo el país porque todos conseguían empleo en las fábricas maquiladoras. Los recién llegados poblaron terrenos baldíos sin servicios básicos como alumbrado, transporte, centros de salud y escuelas.

Durante la época de “empleo total” las mamás (muchas de ellas madres solteras y 70% migrantes) salían a trabajar de madrugada. Sus hijos, como Carlitos, se quedaban solos, se hacían el desayuno ellos mismos y si querían iban a la escuela, pero de todas formas pasaban el día en la calle hasta que su mamá volvía, cansada de trabajar.

“Esos niños que no tenían quién los cuidara en los ochenta, cuando en Juárez teníamos empleo general, son los que están delinquiendo en la ciudad”, dice el alcalde Reyes Ferriz.

“El Juárez que tenemos ahora es el Juárez de los niños no atendidos”, confirma Clara Torres, directora de los Centros Municipales de Bienestar Infantil, que de 5 de la mañana a 6 de la tarde atienden a 2 mil de los 40 mil niños que necesitan guarderías.

¿Qué tienen que ver los asesinatos con las guarderías o las prepas? Según el alcalde, mucho: en Juárez, 62% de los jóvenes de 15 a 24 años no trabajan ni estudian porque no tienen dónde hacerlo. La ciudad que era meca nacional del empleo es primer lugar en falta de oportunidades para los jóvenes. Ellos muchas veces no tienen más opción que unirse a una pandilla; si quieren retirarse y buscar trabajo, por su vestimenta y sus tatuajes no los emplea ninguna maquiladora. Sólo el crimen organizado les da una  alternativa.

“En Juárez buscamos el bienestar económico pero descuidamos a nuestros niños de una forma criminal (…). Fuimos egoístas y materialistas. Únicamente se habló de generar empleo y todo se midió con indicadores económicos, pero ¿qué beneficios iban a tener las mujeres, que eran la mano de obra, si no iban a estar con sus hijos, si no pueden llevarlos a la escuela, si no tienen un parque cerca o no conocerán la música ni el cine? Perdimos cinco generaciones por esta política económica sin visión. Todo mundo tuvo empleo, ahorró, pero perdimos el capital humano”, explica Torres.

Esa sociedad incubó a los jóvenes que se matan sin remordimiento y trabajan para los cárteles que se disputan el paso de droga hacia Estados Unidos. La solución que encontraron el presidente y el alcalde para sofocar la violencia fue el envío de tropas, pero sólo provocaron que las muertes aumentaran repentinamente.

“Laura Carrera lo ha dicho bien: en relación con la seguridad, la estrategia tiene demasiada testosterona y le falta progesterona. Tiene razón, no se puede resolver todo con nalgadas, se necesita educación. Necesitamos generar la inteligencia policiaca amarrada con la inteligencia social, porque la situación no va a mejorar si nomás queremos represión sin educación. Ya vimos que con 10 mil soldados (la situación) no mejoró, sino empeoró”, comenta Torres, quien admite que el diagnóstico sobre lo que se debía hacer en Juárez no es nuevo, pero hasta ahora, tardíamente, se incorporará esa visión en una política pública.

Ella es panista y ha ocupado puestos nacionales en el partido del presidente, pero trabaja para un alcalde de extracción priista. Explica que aceptó el trabajo movida por la emergencia: “Juárez trascendió las dinámicas de los partidos políticos porque no hay un ser humano rico o pobre que no haya sufrido, no hay un solo espacio, un estrato social, un horario que no sea vulnerable. Nos unió el sufrimiento”.

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En la presidencia municipal se barajan proyectos que parecen increíbles: cines móviles en colonias populares, empleo para los pandilleros, megabibliotecas construidas en las dunas donde son halladas las mujeres muertas.

En el documento que tiene el alcalde en su escritorio se ven ya los planos del futuro “Conjunto Integral Educacional Kolping”, que constará de prepa, plaza cívica, biblioteca, transporte público, plaza comercial, centro de atención a la salud, centro comunitario, áreas de juego, plaza de comida y centro de atención a violencia doméstica en la zona de más violencia, a un costo de 90 millones de pesos. O el “Parque Metropolitano Río Bravo”, de 150 millones, que consiste en construir canchas a lo largo del río.

Reyes Ferriz dice que abrirá más Centros de Atención Infantil para los hijos de las obreras que carezcan de seguridad social. Menciona también que, al estilo de Guatemala, consiguió que unas maquiladoras den empleo de cuatro horas diarias a niños tatuados y pandilleros de 14 a 16 años. Anuncia que implantará un proyecto igual al de Nike en Brasil, que enseña a los jóvenes la ética del trabajo a través del futbol, y enrolará para ello a 20 mil de los jóvenes sin opciones de trabajo para que practiquen deportes y estudien.

Sin embargo, los espacios de trabajo aún son insuficientes para el desempleo juarense, que el año pasado llegó a 25%.

El alcalde está en espera de que el gobierno federal autorice las inversiones para construir, pues el municipio no tiene presupuesto: la mitad de los recursos municipales se va en pagar la nómina (y la mitad de los empleados son policías), otra buena parte se va en mantener a los 10 mil soldados y comprar armas y radios; el resto es para servicios.

El trabajador social de la Secretaría de Seguridad Pública local, Alfredo Gaspar, es uno de los que saltan de gusto por los cambios que, le han dicho, se avecinan: “Tengo contacto con 5 mil pandilleros en espera de una oportunidad. Si realmente el gobierno les da la oportunidad, podemos salvar muchas vidas”.

El proyecto en papel suena bien pero no convence a todos.

La Asamblea Permanente Solución por Juárez, que se formó a raíz de la marcha del domingo 6 para pedir al gobierno que incluya a los ciudadanos en el diseño de planes para pacificar la ciudad, desconoce el proyecto.

“Sabemos por rumores que están planteando un programa, pero no lo conocemos. Si realmente están coordinados el gobierno federal y el municipal para emprender una intervención social de emergencia, entonces saludamos la iniciativa, pero nos gustaría establecer una mesa de diálogo porque vemos el riesgo, sobre todo considerando otras experiencias pasadas, de que si no hay una contraparte de la sociedad civil vigilando el dinero, se gaste en otras cosas”, opina el maestro Hugo Almada, coautor de la investigación La realidad social de Ciudad Juárez, que en 2005 advirtió de la descomposición social que generaba la falta de servicios.

Alma Gómez, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, recuerda que en 2003 el gobierno foxista anunció un plan de 40 acciones para Juárez que pretendía reducir los feminicidios, y sus resultados están a la vista: 140 homicidios dolosos de mujeres sólo en lo que va de 2009. Para ella lo más importante es renovar la justicia porque los crímenes no se investigan ni se castigan.

El periodista colombiano Álvaro Sierra, experto en conflictos armados y narcotráfico, ve riesgoso que se quiera transplantar el programa de Medellín a Juárez porque, dice, allá alcanzó los cambios Sergio Fajardo, un alcalde desligado de la tradición partidista, que ciudadanizó las decisiones y cambió la manera de hacer gobierno, mientras que la delincuencia obedecía a un líder, Don Berna, que aparentemente pactó con el gobierno y ordenó a su gente que se desmovilizara. En cambio, en Juárez la violencia se mantiene en escalada y se da entre varios grupos rivales, los gobernantes mexicanos responden a intereses de los partidos políticos y la corrupción del país es famosa en el mundo.

Coincide Nashieli Ramírez, activista de la Red por los Derechos de la Infancia, que tiene un programa en Juárez:

“En Medellín la gente se involucró hasta en el diseño de los planos arquitectónicos, y hubo una obra que quemaron las bandas porque nunca se consensuó. Si el alcalde tiene prisa de dejar todo andando antes de que se termine el periodo y no hace trabajo barrial, podría repetirse la historia de la biblioteca Vasconcelos, que por hacerla con prisas se quedó con hoyos en el techo, es inútil. Otra bronca con la obra pública es que está ligada con la corrupción y las elecciones”.

El propio exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama, señaló en una conferencia que dio el pasado septiembre en Juárez, que para combatir la violencia primero hay que transformar la política: “Si se compran votos, se compran los líderes, se acuerda todo y cuando se llega al poder se va en función de lo que se negoció, no de los intereses de la gente (…). Si nosotros no luchamos contra la corrupción, no tengo la menor duda de que el éxito contra la violencia no se va a dar”.

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A Reyes Ferriz le quedan 10 meses en el poder, y hasta que el presidente Calderón anuncie el programa él sabrá cuáles obras aprobaron en Los Pinos. Cuando se le pregunta qué candados pondrá a la corrupción, responde que armar licitaciones públicas de las obras. Nada más.

La Suburban en la que recorre la ciudad, seguida del convoy que asustó a la gente de la colonia Fronteriza, entra al estacionamiento de la Presidencia Municipal, donde tiene otra cita. En ese momento un colaborador le informa que un policía acababa de ser asesinado.

“Híjole, ¿era de los nuestros?”, pregunta mientras saca su celular. La respuesta es afirmativa: el cadáver yace adentro de una patrulla municipal rafagueada. Ese día el “ejecutómetro” marcará 17 muertos.

Ante el narco, los programas sociales revientan

MEXICO, D.F., 8 de septiembre.- El presidente Felipe Calderón, los gobernadores y funcionarios de las dependencias federales o estatales insisten en que el Estado no ha cedido terreno ante el poder del narcotráfico. Sin embargo, informes del Ejército y la Sedesol confirman que, en los municipios más pobres del país, la delincuencia organizada revienta los programas sociales secuestrando, matando y amedrentando al personal técnico, los médicos y los maestros que se atreven a entrar en sus feudos.

Flor Alicia Gómez López tenía 23 años y era maestra rural del pueblo chihuahuense de Tomochi. El 28 de noviembre a las tres de la tarde viajaba con otros jóvenes a una reunión a la que nunca llegó: los interceptó un grupo de encapuchados que, a tiros de cuerno de chivo, los obligó a detenerse, golpeó a sus acompañantes y a ella se la llevó. Un día después Flor Alicia apareció muerta de un balazo en la sien.

En septiembre pasado, apenas iniciado el curso escolar, fue violada y acuchillada la profesora de kínder Armida Imelda Parra, en el municipio de Guazapares. 

Los homicidios de las maestras rurales ocurrieron en la zona serrana de Chihuahua, pero bien pudieron suceder en cualquiera de las regiones consideradas “tierra de nadie”, donde los programas y servicios básicos de gobierno son interrumpidos por la narcoviolencia y en las cuales el trabajo puede costar la vida.

En esos lugares se tienen noticias de albergues escolares indígenas clausurados porque los narcos saquean los alimentos, roban las cobijas de los niños o queman las bodegas para amedrentar al personal; de estancias infantiles clausuradas por extorsiones a sus administradores; de dispensarios abandonados porque el personal médico huyó asustado; de maestras rurales violadas, amenazadas de muerte o asesinadas, como Flor Alicia –quien era sobrina de los líderes estatales de El Barzón y de la organización feminista Justicia para Nuestras Hijas– o la maestra Armida.

Esas regiones acumulan reportes de funcionarios que tuvieron que tragarse el miedo y fumarse sus propias pesadillas o abandonar el puesto de trabajo que, la mayoría de las veces, permanece vacante.

El problema no sólo lo reportan los maestros de la Secretaría de Educación Pública, médicos de la Secretaría de Salud y técnicos de la Secretaría de Desarrollo Social. Lo sufre también el personal de campo de la Secretaría de Agricultura y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como los encuestadores del Inegi.

En todos los casos el resultado es el mismo: los servicios básicos destinados a los mexicanos más pobres son suspendidos y se mantiene el ciclo de la pobreza que impide el desarrollo de esas regiones.

En 2008, el programa Piso Firme pasó de largo por la llamada “tierra caliente”. Los recursos para poner pisos de cemento en las viviendas de la gente que más lo necesita no se aplicaron en los municipios mexiquenses de Tejupilco, Tlataya y Luvianos, y en los michoacanos de Chinicuila y Tuzantla. Los presidentes municipales avisaron a la Sedesol que si querían mandar a sus operadores sería bajo su propio riesgo.

En marzo pasado –según informó La Jornada el 24 de abril– se suspendió la entrega de recursos del programa Oportunidades en los municipios duranguenses de Tepehuanes, Guanaceví y Santiago Papasquiaro.

Un mes antes, en la Unidad Médica Familiar 57 del IMSS, localizada en Tancítaro, Michoacán, un letrero en la puerta avisaba a los pacientes: “Se suspende el servicio por causas de fuerza mayor. Urgencias a Uruapan”.

La suspensión de servicios se decidió cuando el administrador de la clínica y un médico fueron secuestrados durante cinco días, y como respuesta al terror que vivía todo el personal por las constantes ejecuciones, levantones y tiroteos.

Se quedaron sin servicio 5 mil derechohabientes. En abril, la clínica reinició labores y estrenó personal porque ninguno de los empleados antiguos se quedó. “Estamos trabajando con normalidad desde el 1 de abril. Tenemos vigilante como en cualquier clínica y la policía se da sus vueltitas”, informó en una entrevista telefónica el nuevo administrador, Irving Cruz.

En algunas zonas, los jóvenes contratados por el gobierno para visitar domicilios se saltan comunidades peligrosas para no arriesgar el pellejo. Esto ocurrió, por ejemplo, durante el levantamiento del censo del Programa Alimentario para Zonas Marginadas (PAZM), destinado a proporcionar despensas a las comunidades más pequeñas, incomunicadas y marginadas. Varios técnicos regresaron de ahí pálidos del susto.

“Hicieron un levantamiento minucioso en las localidades alejadas marcadas por el Inegi, donde no operan Diconsa ni Oportunidades, y en unos casos encontraron casas abandonadas, o que las casitas registradas eran casas de caballerangos, o que unos de los poblados marcados eran ranchos de narcos”, informó un funcionario relacionado con el censo.

La delincuencia organizada también asoma la nariz en los caminos rurales, donde asalta los camiones de abarrotes de las tiendas de abasto rural o a los funcionarios que llevan las transferencias monetarias de los subsidios oficiales.

Este tipo de robos generalmente son adjudicados a la delincuencia común y no a bandas organizadas, pero los ilícitos se concentran en esos territorios perdidos, donde todo puede ocurrir.

Tierras sin ley

La joven yacía sobre el vidrio del auto chorreado de sangre. Ya estaba muerta, pero aún convulsionaba. Segundos antes, a la vista del médico que hacía su servicio social en esa comunidad serrana chihuahuense, su esposo le había disparado en la sien. 

“Doctor, la revive o lo mato”, le advirtió el asesino apuntándole con la pistola.

Esa noche el médico pidió a la policía que lo sacara de ese pueblo de traficantes de humanos y de drogas, y abandonó su servicio social. Ese mismo año, también en la sierra Tarahumara, otro médico pasante tuvo que darse a la fuga porque un narcotraficante celoso quiso impedirle a tiros que sacara a bailar a una muchacha.

“El balazo le tocó en la cabeza a otro. Lo trasladaron con vida (al pueblo de) San Juanito, ya no supe si vivió o murió”, recuerda el doctor Alfredo Lugo, que en ese entonces hacía su servicio en Bahuichivo, un pueblo vecino, y quien se enteró de lo sucedido a su colega antes mencionado.

Aunque esos macabros episodios sucedieron en Chihuahua, bien podrían haber ocurrido en varios estados del país. Según los informes oficiales y declaraciones en corto de funcionarios públicos, las zonas más conflictivas son Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Durango y Nayarit.

“Un pariente mío fue expulsado de la sierra por unos empistolados que le dijeron que no volviera. Él ya nunca más volvió a visitar las farmacias que le tocaba vigilar”, contó la familiar de un empleado de Cofepris, quien supervisaba municipios peligrosos de Sinaloa.

“Mi cuñado huyó del rancho donde era maestro porque el ambiente estaba muy pesado. Los narcos todo el día se drogaban, y un día para divertirse quemaron a un bebé por puro gusto. De inmediato él pidió su cambio, se fue asustado, quedó muy traumado”, narró una mujer que vive en el pueblo turístico de Creel, Chihuahua.

En las zonas en las que se enfrentan los cárteles rivales, sean de Chihuahua, Baja California, Durango o Sinaloa, los médicos particulares y de instituciones de gobierno han denunciado secuestros, extorsiones, asaltos y amenazas.

Es común ver a narcos deteniendo las ambulancias o irrumpiendo en los quirófanos para rematar a los heridos, o que los médicos, paramédicos y enfermeras protesten en las calles pidiendo seguridad para cumplir su trabajo, como ocurrió en Ciudad Juárez.

Los riesgos, según la Sedena

La interrupción de programas sociales por amenazas de grupos criminales no comenzó en este sexenio, pero ahora es tan frecuente que ya no puede ocultarse.

Desde 2001 la entonces Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, recibió el reporte de que se había cerrado un albergue infantil indígena porque unos narcos lo quemaron cuando los niños dormían adentro, pero afortunadamente los infantes fueron puestos a salvo.

Este caso ocurrió en Segórachi, municipio de Urique, en las barrancas chihuahuenses, pero la situación se repitió en otros tres albergues.

“El problema de los albergues es que llegaban y tomaban posesión de los insumos, alimentos, cobijos, y dejaban a los niños sin nada porque se los repartían a los jornaleros que cuidaban las siembras para que tuvieran comida”, explica la excomisionada.

De 2001 data también el estudio Producción, tráfico de estupefacientes y microrregiones prioritarias, elaborado por la Sedesol cuando su titular era Josefina Vázquez Mota y que identifica a los municipios pobres como lugares de fuerte producción y tráfico de drogas (Proceso 1664).

El documento (cuya existencia niega la dependencia) menciona como enclaves del narco a las zonas de Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; La Mixteca y Los Chimalapas, en Oaxaca; Las Cañadas y Zona Selva, en Chiapas; La Huasteca y Zongolica, Veracruz; La Tarahumara, en Chihuahua; y Las Quebradas, entre Durango y Sinaloa.

El presidente Felipe Calderón y varios secretarios de Estado han negado que en México existan feudos del narco, pero en algunos lapsus las propias autoridades han reconocido esta realidad.

El 2 de junio de 2008, ante el presidente de la República, el gobernador guerrerense Zeferino Torreblanca agradeció la entrega de fertilizante y se comprometió a vigilar su aprovechamiento, ya que, confesó, “muchas veces es utilizado para la siembra de estupefacientes, ni siquiera es utilizado para el desarrollo de los más pobres”.

Una declaración que no a pocos dejó boquiabiertos fue la del titular de la Unidad de Enlace de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xavier Abreu: que la siembra de droga se ha convertido en la principal fuente de recursos económicos de unas 60 comunidades indígenas del país, principalmente de Guerrero, Michoacán y Chihuahua, e involucra a 50 mil indígenas.

Luego el funcionario se retractó y su oficina negó a Proceso los documentos en los que basó sus afirmaciones, a pesar de que el IFAI examinó el caso, dictaminó que sí existen y le ordenó que los entregara a este semanario.

Desde el 9 de abril de 2007, la Sedesol tiene un mapa actualizado sobre los territorios peligrosos, que le hizo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se titula Opinión para el programa de los 100 municipios más pobres del país.

En el documento, cuya copia tiene Proceso, el Ejército advierte a la Sedesol sobre los peligros de operar programas sociales en algunos de los municipios más pobres y relacionados con la siembra de estupefacientes, entre los que menciona a Chalchihuitán, Chiapas; Mezquital, Durango; Metlatónoc, Guerrero; El Nayar, Nayarit; así como San Juan Juquila y Cocicoyán de las Flores, Oaxaca.

Sobre Chalchihuitán, el Ejército señala: “En el municipio se ha registrado la incidencia del narcotráfico en su modalidad de siembra, detectada en áreas en las cuales mantiene presencia el grupo inconforme (el EZLN); sin embargo ésta no es de proporciones alarmantes, ya que ha sido combatida de manera oportuna por las autoridades correspondientes”.

Al mencionar El Nayar, advierte que “podría presentar riesgo en la implementación de programas de beneficio social por la presencia de grupos delictivos relacionados con el narcotráfico”.

Sobre Juquila y Cocicoyán informa que “bandas delictivas han incursionado a estas comunidades para la siembra, cultivo y venta de enervantes, siendo el medio de subsidio de sus pobladores”. Y remata con una observación a pie de página: “Existe gente armada que puede aprovechar la situación que se vive para cometer ilícitos como el robo de recursos federales”.

Llama la atención que en el texto no se mencionen los violentos municipios del llamado “triángulo dorado”, que son de extrema pobreza.

Al Mezquital, Durango, la considera “un área de siembra de amapola y mariguana con presencia de grupos armados aislados que se dedican al narcotráfico”, aunque aclara que “no toda la población se encuentra involucrada en esas actividades ilícitas”.

A continuación destaca: “Se puede implementar el programa de apoyo de la 
Sedesol con los riesgos que implica la presencia de grupos de narcotraficantes”.

Al analizar el caso de Metlatónoc, Guerrero, que es considerada la capital mexicana de la miseria, el Ejército comienza con una crítica a los gobiernos federal y estatal porque “no proporcionan los recursos adecuados” para superar los altos índices de pobreza, enseguida culpa a los pobladores por su renuncia “a integrarse a la sociedad desarrollada” y por la desconfianza que le tienen al Ejército, “a pesar de que se les ha explicado que las acciones que realiza son la destrucción de plantíos de amapola y mariguana”.

La opinión de la Sedena sobre este municipio es paradójica: “Se considera de riesgo trabajar en la zona (…), sin embargo, se considera necesario que la Sedesol aplique programas de ayuda”.

Ese es el problema: si se desatienden las regiones ganadas por el crimen organizado, se perpetúa la miseria y sus pobladores continúan enganchados en la cadena del narcotráfico.

Ni ver ni oír

Una mujer que trabaja en la red de guarderías comunitarias Casas de Cuidado Diario, quien atiende a hijos de madres juarenses sin seguro social, confirmó que algunas de sus compañeras que se inscribieron al Programa de Estancias Infantiles tuvieron que cerrar sus establecimientos porque fueron extorsionadas por personas que se decían integrantes de Los Zetas. Los niños se quedaron sin el servicio.

Una exvoluntaria de la Diócesis de La Tarahumara comentó que tuvieron que cerrar una misión en una comunidad serrana que se dedicaba a dar albergue a niños y niñas indígenas porque “los narquillos” del lugar querían “robarse” a las voluntarias que les gustaban. Otra vez los infantes fueron quienes pagaron el cierre.

La violencia de Ciudad Juárez ha ahuyentado a 120 maestros que el mes pasado pidieron su traslado a otro lugar por la violencia, a pesar del sobresueldo que percibían en ese municipio, uno de los que mejor pagan a los docentes. Al inicio del ciclo escolar, otros 40 profesores rechazaron la  oferta de irse a trabajar en primarias de ahí.

Lo mismo ocurre en el sector salud. “Ya ningún médico quiere venir a Juárez, nos hace falta cubrir 40% de las plazas y aunque el sindicato ofrece las vacantes por toda la República, nadie acepta venir. Y yo no los critico”, dice un médico de la clínica 35, una de las tres que atienden a los baleados.

Arturo Sáenz, el director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), el programa que envía bachilleres a los ranchos para que den clases a los niños en pueblos que carecen de maestros, dijo al periódico El Universal, el pasado 25 de marzo, que estaba negociando para que la gente del “triángulo dorado” le permita trabajar a los instructores comunitarios en esa zona, bajo la promesa de que “no oirán ni verán nada”. Admite que “para nadie es un secreto que donde nosotros estamos trabajando es donde se da mucho ese fenómeno (del narcotráfico), en términos de dónde están y dónde siembran”.

La secretaria de Educación de Chihuahua, Guadalupe Chacón, reconoció la semana pasada que las amenazas y agresiones de gavilleros contra los profesores de la región serrana obliga a los pasantes y servidores públicos a renunciar o a pedir su traslado.

“Esto afecta especialmente a mujeres, pues grupos de gavilleros o la gente que no está de acuerdo en que lleguen a la comunidad las empiezan a presionar para que salgan. (…) Los maestros son un sector que tradicionalmente ha sufrido riesgos, pues desafortunadamente se encuentran en lugares donde son sujetos de ataques que quedan en la impunidad, sobre todo porque son jóvenes maestros recién incorporados a un campo laboral y social riesgoso y difícil”, dijo la funcionaria tras el asesinato de la maestra Flor Alicia Gómez.

Muertas, desaparecidas, raptadas, violadas… en territorio narco

En amplias zonas del norte del país, en particular aquellas donde el narcotráfico domina, las mujeres son víctimas de una violencia crecientemente brutal. Secuestros, desapariciones, violaciones, asesinatos, son cosas de todos los días, saldo inevitable de una guerra en las que las mujeres, como en los viejos tiempos revolucionarios, son una especie de botín para uno u otro bando. Ni el Ejecutivo federal ni los gobiernos de Chihuahua, Coahuila y Durango han mostrado tener entre sus prioridades el asunto.
Tiene un arete en la nariz, luce aretes largos y lleva la falda del uniforme de la secundaria enbastillada hasta convertirla en una coqueta minifalda. Cumplió 16 años y era aficionada de los bailes hasta que le entró el miedo de «gustarle» a algún empistolado y de ser secuestrada y violada, como ha escuchado que le ocurrió a otras muchachas.  
«Ya nadie sale a la calle, en cualquier momento te pueden agarrar y te llevan a ‘trabajar’ o te hacen cualquier cosa. Eso pasa porque nos ven que somos mujeres, porque a cualquier muchacha que les gusta se la llevan, y a veces amanecen muertas o regresan traumadas», explica la adolescente, entrevistada en su salón de clase.
Cuando se le pregunta quién les hace eso, como respuesta alza los hombros. No dice más. Otra compañera del salón, con aretes grandes en forma de estrella y pulsera de Kitty, completa la información: «Ellos las agarran y se las llevan, las violan, ya ni las entregan. A veces sí, a veces no. A mí no me ha pasado nada porque mis primos me cuidan cuando salgo». Entonces la primera estudiante agrega: «Más que nada los papás nos dicen que ya no sálgamos». Las amigas que escuchan la conversación asienten.
Las jóvenes estudian tercero de secundaria en la escuela Lázaro Cárdenas, de Torreón, Coahuila, y viven en las colonias La Durangueña y Cerro de la Cruz, al poniente de la ciudad: precisamente la zona montañosa que se disputan la gente de Los Zetas y la de El Chapo, y a donde a veces el Ejército despliega operativos en busca de drogas.
«Hubo una muchachita de unos 17 años que se la levantaron un sábado y la devolvieron un martes. Cuando apareció la dejaron desnuda en La Unión, loca. Ni ella ni su familia dijeron nada, no pusieron denuncia, a como están las cosas uno prefiere no enterarse», narró otra vecina, una joven que trabaja en el Museo Casa del Cerro, ubicado en el epicentro de la lucha entre cárteles.
Por esas narraciones parece que viven lo que sus abuelas vivieron en tiempos de la Revolución, en esos mismos cerros: cada vez que llegaban los hombres empistolados, las mujeres corrían a esconderse en sus casas; los papás ponían trancas en la puerta y vivían con el miedo de que alguna de sus hijas se le antojara a esa gente.
Las mismas pesadillas que narran las mujeres de Torreón y las de Gómez Palacio (Durango) las comparten otras en varios pueblos y ciudades en Chihuahua y Baja California.
Feministas, académicas, médicas y funcionarias están detectando que en las zonas disputadas por los cárteles y por el Ejército no sólo han aumentado las extorsiones, los secuestros, robos, levantones, tiroteos o asesinatos. Debajo del estruendo general de la narcoviolencia se presentan otras modalidades de violencia contra las mujeres, más ocultas, menos ruidosas, casi imperceptibles y poco denunciadas: ocurren violaciones sexuales y asesinatos cometidos con la saña del crimen organizado, además de que repuntan las listas de desaparecidas.
En esas zonas las mujeres la están pasando especialmente mal. Dicen que son «botín de guerra».
«Sabemos de algunas muchachas que estaban en las calles –dos en la ciudad de Chihuahua, una en Cuauhtémoc y dos de Madera (en la Sierra Tarahumara)–, a las que levantan muchachos jóvenes, en buenas camionetas cerradas tipo Explorer, bien vestidos, armados. Las llevan a un despoblado, las violan entre todos y las tiran. No sabemos si son sicarios o simples bandas», dice un activista chihuahuense que trabaja en la zona serrana y pide el anonimato: «Si dice quién le dijo esto vienen y nos matan».
Uno de los casos que relata fue cometido por sicarios enrolados en un cártel, y la víctima del abuso sexual los conocía. Otro caso terminó en mutilación, como castigo porque ella se atrevió a poner una denuncia ante las autoridades. En uno más, la mujer secuestrada fue llevada a otro estado y es obligada a vender droga.
Este activista no es el único enterado de este tipo de hechos aún sin registro. En Chihuahua, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, presidido por Luz Estela Castro –una conocida activista en el tema de los feminicidios de Ciudad Juárez–, también ha recibido noticias sobre víctimas de violaciones sexuales tumultuarias, ya sea porque algún familiar lo narró, porque ellas acudieron a hacerse pruebas de enfermedades de transmisión sexual o bien pidieron informes sobre la interrupción del embarazo.

Cuando la clase media sufre…

Cuando la clase media sufre…
Marcela Turati

Para los nuevos desempleados –entre los que se incluyen cada vez más integrantes de la casi extinta clase media mexicana– los días se acumulan sin horizonte… Sus roles domésticos incluso se han invertido o, de plano, se difuminan. Para algunos todavía parece importante cuidar las apariencias, pero otros se resignan a recibir ayuda y se aíslan cada vez más. Contar con estudios superiores y hasta posgrados ya no es garantía: el drama de la sobrevivencia diaria en México está marcando a todos.
Es hijo de diplomático, estudió letras hispánicas en la UNAM y habla español, inglés y chino. Hasta abril era gerente de una aerolínea mexicana en el aeropuerto de Shanghai y vivía con su esposa y su hijo en China. Desde que la influenza pulverizó su puesto de trabajo no se ha colocado: vive en la colonia Peralvillo, está en el buró de crédito, tuvo que echar mano del dinero que ahorraba para su hijo, racionó sus gastos y se permite gastar 15 pesos al día en internet para buscar empleo. La crisis no le da para más.
“Esto es un lujo”, dice con una sonrisa resignada, mirando el vaso de café Starbuks que bebe al momento de la entrevista. Como para avalar su identidad, lo que llegó a ser cuando trabajaba, saca de su cartera la tarjeta de presentación que usaba en su último empleo en la que se lee: Rodrigo Cerda Orozco, duty manager, Pudon Internacional Airport, Shanghai.
Él, como las otras personas que aparecen en este reportaje, afronta como puede el desempleo que alcanzó la cifra más elevada en 13 años. Todos ellos se animaron a ponerle su rostro al paro que viven 3 millones de mexicanos porque se rebelan a bajar la mirada, a que se les vea en forma condescendiente o como sospechosos de algún defecto que les impida ocuparse.
“Es duro. Pensé que había pasado de estrato económico y de repente caer, tener dificultad para pagar mis cuentas, angustiarme porque ¡chin, nos gastamos 300 pesos en la cuenta! Ya dejamos de ir al cine, de salir a comer, de ir con amigos a tomar algo, de comprar cosas. A mi hijo le debo dinero porque tuvimos que agarrar de su cochinito”, dice el treintañero, ávido de hablar. Después confesará: le sirve como desahogo.
Como otros, sólo comparte con su esposa su miedo a que el empobrecimiento se prolongue. Le molestan las miradas de pena que percibe en algunos de sus conocidos. Él, como la mayoría de los nuevos desempleados, lleva con decoro su situación y rechaza la sugerencia de que sea otro quien pague alguna de sus cuentas o siquiera su café.
“Soy algo orgulloso. Me cuesta aceptar que estoy pasando esta crisis, me cuesta”, dice Rodrigo. Batalló para aceptar que su mamá inscriba a su hijo en una escuela privada y le pague las colegiaturas, pero tuvo que ceder porque considera que “la educación oficial es malísima”.
Su esposa está en casa, deprimida, y tampoco ha podido encontrar trabajo. Por ahora, los Cerda sobreviven de dos clases particulares de inglés que él imparte y le ocupan tres días enteros, porque tarda cuatro horas en el puro traslado. Él está en litigio contra la aerolínea que lo invitó a Shanghai, le prometió sueldo de ejecutivo, le pidió que sufragara los gastos de mudanza con sus propios ahorros hasta conseguirle visa de trabajo, y lo despidió justo después de que ayudó a que salieran de China los mexicanos varados durante la crisis de la influenza.
La idea de ser indemnizado y de recibir la llamada de alguna empresa que requiera sus habilidades lo mantiene firme.
Días largos
La desocupación en México afecta a casi siete de cada 100 personas en edad productiva. Sólo el último año aumentó en un millón la cifra de damnificados del desempleo y, de acuerdo con el Centro de Reflexión y Acción Laboral, 90% de quienes están en paro tenían experiencia laboral.
A este drama se suma el hecho de que 4 millones de personas necesitan trabajar más horas para completar el gasto y de que en los últimos 10 años se ha perdido 60% del poder de compra de quienes todavía perciben algún ingreso, según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. En suma, al menos 7 millones de personas viven la crisis por el desempleo, el subempleo o la precariedad. Y sortean esta situación con esfuerzo, sufrimiento y solidaridad familiar.
Distinto a lo que se cree, ninguno de los entrevistados se pasa el día en el sofá viendo tele. Todos son unos verdaderos maestros de la supervivencia: tienen como rutina levantarse temprano, alistar a los hijos –si los hay– para la escuela, recorrer oficinas de empleo, dejar currículos, hacer labores hogareñas, dedicar horas de navegación por internet para mandar solicitudes de empleo y preguntar a sus conocidos por ofertas de trabajo.
La búsqueda de empleo les ocupa el día y la mayoría de sus pensamientos. El trabajo se vuelve una fijación que los mantiene presionados. Como si fuera una película que se pueda adelantar y retrasar, examinan cada tramo de su último desempeño laboral para detectar fallas. Algunos no se perdonan haber rechazado una oportunidad que les pareció de bajo nivel y que hoy aceptarían, y se lo recriminan una y otra vez.
El comunicólogo Rodrigo Teja Anaya deja a su hija en la guardería a las nueve de la mañana y regresa a casa a navegar unas cuatro horas en internet: recorre sitios como zonajobs.com, boomerang.com, empleo.com y páginas del gobierno en busca de puestos vacantes. Trabajaba en El Papalote Museo del Niño, pero, al igual que su tocayo, lo despidieron a raíz de la crisis de la influenza.
“Mando unos 10 currículum al día relacionados con mi perfil y cinco más que no tienen que ver con mi carrera ni con mi experiencia ni con el sueldo que quiero. En dos meses me han hablado de tres lugares”, narra en un Vips donde se realiza la entrevista, aunque aclara que se desacostumbró a comer en restaurante.
Varias de las ofertas que le hicieron, en las que solicitaban licenciados en comunicación y ofrecían 9 mil pesos al mes, resultaron estafas: “Fui de traje como me pedían, llegué y vi que lo que ofrecían era participar en la típica pirámide de productos para bajar de peso, en la que si te quedas tienes que poner 500 o mil pesos y terminas pagando tus productos, tu línea telefónica y rentando el cubículo a la empresa que te contrata”. No por nada, en varias páginas de búsqueda de empleo se advierte contra los estafadores.
Lo que a Rodrigo más le ha costado en esta crisis es tener que quedarse en casa, porque estaba acostumbrado a hacer su vida en la calle. También tuvo que adaptarse a no tener llena la alacena.
“La mamá de mi hija me ayuda mucho en eso, me ofrece que coma de lo que tiene en su casa, y mi mamá y la mamá del amigo con el que comparto departamento nos mandan comida. Y cuando no hay, te aguantas el hambre, o pasas el día con un cereal en la panza”, dice.
A pesar de las cifras que reportan el despeñadero económico, él no cree que en México haya desempleo y considera que lo suyo es una mala racha. “Todos te dicen: ‘échale ganas’, pero no es echándole ganas como consigues trabajo; es más bien no cayendo en la depresión”.
La soledad
La mayoría de los que se encontraron un día en la calle sin empleo ha eliminado las comidas fuera de casa, los gastos en diversión, los paseos, y muchas veces ha sacado a sus hijos de escuelas privadas para pasarlos a públicas. Los que pudieron, salvaron la conexión a internet, su ancla con el mundo.
Pero todos podaron su círculo de amigos. Confían su situación sólo a las personas más cercanas; ante los demás se tragan lo que están viviendo, porque el desempleo llega a convertirse en motivo de exclusión social.
“Hay una cosa cabrona del desempleo: te vas aislando poco a poco, porque muchas veces las dinámicas de consumo son el eje de la convivencia”, explica Juan Martínez, quien a sus 39 años está a punto de irse a Argentina a probar suerte porque en México ve canceladas sus oportunidades. Allá, un buen amigo le ofrece techo, comida y lo invita a un nuevo proyecto.
Los integrantes del Club Copa Vive el Automovilismo, aficionados que se reúnen cada miércoles en un bar a beber cerveza, hablar de carros y de vaguedades, también han resentido la crisis.
De los 50 que eran –la mayoría empresarios y profesionistas–, una docena perdió su fuente de ingreso: dejaron de participar en las carreras, aunque siguen acudiendo al bar. “¡Eh, mantenido, ya ponte a trabajar!”, es la broma que se hace contra los sin-empleo. “Estoy en mi año sabático, me toca que me mantengan”, es la fórmula con la que los aludidos se defienden.
“Normalmente bromeamos mucho con eso de que somos el ‘club de los desempleados’, pero de pronto dejan de ser bromas, porque varios ya no se aparecen: algunos tenían hipotecas, muchos empezaron a vender sus coches; la mayoría tiene unos seis a 10 meses de gracia para mantenerse con su presupuesto, pero empieza a vencerse el plazo y dejan de venir”, dice Eduardo Escárpita, un abogado egresado del ITAM que hasta hace unos días pertenecía al “club” y acabó estrenándose en un nuevo empleo.
En febrero, Eduardo abandonó el despacho para el que trabajaba porque adquirió la franquicia de un restaurante y porque tenía asegurado otro empleo formal.
Pero “a los 15 días de que renuncié ocurrió lo del dólar y me cerró las oportunidades, porque todos los despachos cerraron puertas. Aun recomendado me decían: ‘espérate a marzo’, y luego hasta octubre. Y la influenza empeoró todo. Para mi negocio fueron meses mortales”.
Debido a la tardanza para ubicarse en un empleo, tuvo que posponer tres veces su boda. No se imaginaba inaugurándose en esa nueva etapa de su vida sin salir a trabajar.
 “Mi novia me insistía: ‘vamos a salir adelante, tuviste un buen trabajo, sé quién eres y cómo te manejas’. Pero yo sabía que no podía mantener nuestro tren de vida”, explica. Se le ve contento porque en cuanto supo que acababa de ser contratado fijó por fin la fecha de su matrimonio para noviembre.
A los 30 años de edad, la crisis implica muchas veces ponerle una pausa a la vida, mantenerla en suspenso, esperar a mejores épocas. Pero cada vez se ve más lejana la posibilidad de ahorrar, de tener un empleo fijo y escalar a un puesto mejor, de contar con derechos laborales y jubilarse con una pensión digna. En estos tiempos, empleo no significa progreso. A la mayoría de la población, un trabajo no la mantiene alejada de la pobreza.
“Me pregunto si nunca voy a poder casarme, tener un departamento propio, tener un hijo… si siempre voy a ser freelance, mal pagada, sin contrato. No sé si tendré que ocuparme en otra cosa para la que no estudié”, reflexiona angustiada Claudia, una periodista de 34 años. Ya en varios trabajos sus jefes le habían pedido su cuota de sexo por mantenerse en el cargo, y ni así se salvó de los recortes.
La activista de derechos humanos Perla Gómez se queja frustrada de que durante años ha luchado por ser feminista, autosuficiente, por “tener una habitación propia”, como aconsejaba la escritora Virginia Woolf, y sin embargo tener que depender ahora de alguien. “Odio tener que estirar la mano para que mi esposo me dé dinero y me mantenga. Es horrible”, se queja con sus amigas.
Dramas familiares
Con el desempleo, la dinámica familiar cambia. La mayoría de los desempleados entrevistados acepta que han aumentado sus peleas domésticas. Se han sentido más deprimidos, irritables y ansiosos. Los hombres tienen que aprender a quedarse más tiempo en el hogar y se estrenan en las labores domésticas. En los matrimonios donde ella es la que trabaja y él no, algunas mujeres se desesperan por la situación de sus maridos.
Es el caso de Martín Melchor Quezada, quien lleva tres años en litigio con Telecom por despido injustificado, el mismo tiempo que ha visto cuestionado su papel y ha luchado por adaptarse a la camisa de fuerza que es quedarse en casa.
“Desempleado no vale uno: no te ven igual tus amigos, tu familia, ya no te dan la atención como antes, pierdes tus amistades. Es algo muy fuerte. A uno se le valora por el trabajo, por el ingreso. Estuve a punto de perder a mi familia porque ya no aportaba dinero. Mi esposa no me daba la misma atención”, dice este hombre de 45 años, quien, de ser jefe de oficina telegráfica, se convirtió en tianguista. Este mes lo reinstalan y le pagan salarios caídos, aunque dice que nada compensa la tristeza.
El licenciado en mercadotecnia con maestría en logística Emilio Vadillo toma su desempleo como “año sabático” porque él –haciendo cálculos, estirando aquí, recortando allá, echando mano de sus ahorros– ha podido darse ese lujo.
Ahora es el amo de casa. Su rutina consiste en despertar a sus niñas, prepararles el refrigerio, llevarlas a la escuela, hacer ejercicio, navegar por internet, tomar un diplomado y clases de inglés por las tardes. Se decidió a capacitarse más para estar listo al momento en que pueda reinsertarse.
 “Mi esposa trabaja en un nivel similar al que yo tenía, tenemos dos hijas y los papeles cambiaron. La idea era que ella dejara de trabajar este año, pero no sucedió así; ahora yo me hago más responsable del cuidado de mis hijas, de los pagos, del mantenimiento de la casa. Ufff. Es difícil aceptar que tienen que cambiar tus actividades y esperar, porque la espera es larga.”
Buena cara
Los mayores de 35 años libran una lucha contra el tiempo. Cada semana que pasa, cada cumpleaños, cada cana, los va dejando fuera del mercado laboral. Algunos sienten vergüenza por la acumulación de días en paro, como si eso los hiciera sospechosos ante los posibles empleadores. Sospechosos de holgazanería, de falta de aptitudes, de debilidad de carácter.
El tablero de empleos que ofrece la empresa de recursos humanos Manpower, ubicada cerca del World Trade Center, exhibe ocho vacantes, en su mayor parte para varones con una edad máxima de 35 años, con inglés en varios casos como requisito.
“La edad me ha limitado”, explica la pedagoga Guadalupe Quiroz, de 52 años, una mujer de impecable maquillaje, uñas cuidadas, ropa ejecutiva. Trabajaba 12 horas diarias como bibliotecaria por 4 mil pesos al mes en el Instituto de Turismo y Gastronomía, hasta que la despidieron. Todas sus quincenas las vivió con la angustia de la guillotina laboral.
Ahora recurre al comedor popular del gobierno capitalino en la colonia Niños Héroes, en la delegación Benito Juárez, donde diario hace fila para recoger cuatro platillos –a 10 pesos cada uno– para sus dos hijos y su madre, que dependen de ella. Está tomando un curso de call center en Banamex, pero no sabe si la contratarán. Y en cuanto platica su drama, comienza a llorar de tristeza.
Para las madres solteras, los ancianos y los enfermos que se quedan sin empleo ha sido más difícil navegar a contracorriente de la ola que los arrastra al empobrecimiento, hacia el desbarrancadero que comienza a quitar el piso de las clases sociales.
Desde hace ocho meses, cuando la despidieron, Osmara Sánchez vive con sus dos hijos en la azotea del departamento de sus papás, en la clasemediera colonia Narvarte, y ahora tiene que llevarse a sus hijos a los comedores populares del gobierno capitalino.
Sentada a la mesa junto a jubilados, amas de casa, enfermos, ancianos, ella comenta: “Yo veo muy difícil la situación. Estás con la angustia de qué va a pasar, de qué vas a hacer si los niños se enferman, si se desata lo de la influenza o si se pone peor. Esto hace que te aísles en casa, no sabes cómo lo vas a resolver. Ahora los de clase media ya somos clase media extra baja y quién sabe dónde vayamos a parar. Sólo hay que seguir poniendo buena cara, no queda de otra”.

La transparencia gubernamental, a medio camino

Con todo y la «avanzada» Ley de Acceso a la Información Pública de la que presume el gobierno mexicano, el IFAI aún no puede sancionar a los funcionarios que la violan y la resistencia gubernamental sigue bloqueando los intentos de garantizar que toda la gente sepa cómo ejercer ese derecho.  
 
I
 
Por esos días los amatecos andaban de mecha corta. Se decían en rebeldía, instalaron campamentos, armaron protestas, organizaron foros. Hicieron lo que la gente hace cuando se entera de que nuevamente está a punto de ser víctima de los abusos de sus gobernantes malamañados en eso de decidir a escondidas del pueblo y en construir megaproyectos aunque éstos desgracien comunidades enteras.
Los veracruzanos de Amatlán de los Reyes no estaban dispuestos a que su municipio se convirtiera en basurero de otros siete. A ratos parecía que sus protestas no despeinaban al gobierno, pero de pronto se revirtió la historia. Fue cuestión de conseguir un papel oficial que demostró que el relleno sanitario en realidad dañaría al medio ambiente, y que las autoridades, con tal de construir su basurero, habían mentido. Y como dicen por ahí que información es poder, frenaron las obras.
Un síndico amenazó con denunciarlos por «sustracción de documentos oficiales». Pero los amatecos no tuvieron que robar nada, sólo pedirlo por internet, y resultó que el papel no era secreto y que era más público que un baño de a tres pesos: resulta que invocando la Ley de Transparencia le pidieron al gobierno que les mostrara los permisos que tenía el tiradero para funcionar. Y se los dieron.
Descubrieron que el documento estaba plagado de embustes que señalaban que el lugar elegido eran tierras muertas y sin vegetación, cuando todos han visto los fértiles cañaverales ahí plantados y la naciente del río.«Le enseñamos al gobernador las pruebas de que el lugar está vivo, y lo echamos abajo», explica la maestra Gabriela Sáinz, una de las arquitectas del plan como integrante del grupo vecinal Amhate.
Lo curioso es que un año antes ninguno de los amhates usaba internet y menos sabía que desde 2003 en México funciona una ley que reconoce el derecho de todos a pedirle al gobierno información pública y obliga a los burócratas a proporcionarla.
Ellos formaban parte de un experimento llamado «IFAI-Comunidades», que enseñó a los desfavorecidos que tienen derecho a saber y que con la Ley de Transparencia pueden pedir la información existente.
En otros lugares, invocando esa ley, la gente descubrió a sus alcaldes embolsándose dinero del pueblo; otros rescataron expedientes que el gobierno les tenía atorados en el Registro Agrario o el Seguro Social; y hubo presos que probaron que llevaban enjaulados más de la cuenta.
Ora sí que la verdad los hizo libres: los reos salieron de la cárcel, los despojados recuperaron sus tierras. Eso fue apenas un simulacro de lo que podía haber sido a revolución de los nadies…si los poderosos no hubieran frenado el experimento.

Ciudad Juárez: Vivir de la muerte

Ciudad Juárez: Vivir de la muerte
Marcela Turati

Ciudad Juárez es la capital mundial del homicidio doloso, producto de los levantones, las ejecuciones, las batallas campales entre bandas rivales, los heridos rematados en ambulancias u hospitales, los funerales y sepelios ensangrentados por venganzas. En medio de todo, florece el negocio de los buitres, agentes funerarios que están a la caza de los familiares de víctimas. Aquí, la única paz está en los cementerios, donde reposan juntos policías y sicarios…
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- En esta ciudad una persona muere asesinada cada dos horas con 15 minutos. En 10 días han muerto 112. Al término de hoy habrán fallecido al menos once personas. Once bultos tirados en la calle como fiambres. Once futuros destrozados y familias enlutadas. 
Aquí la canción del paisano Juan Gabriel resultó profética. En dos años, Ciudad Juárez se convirtió en «la número uno», la nomber uan en número de homicidios dolosos, no sólo de México, del mundo entero.
A pesar de la crisis económica y de la inseguridad, la industria de la muerte se encuentra en apogeo. Por la oleada de violencia han florecido empresas funerarias de varios pisos, grandes como hospitales, dignas para abastecer la demanda de la nueva capital mundial de homicidios. Mención aparte merecen dos de ellas: el Recinto Funerario Latino Americana, un edificio de tres pisos de mármol, y Mausoleos Luz Eterna, que alberga en sus instalaciones un templo con capacidad para 350 personas cómodamente sentadas, estacionamiento para 250 autos y espacio para 64 mil urnas funerarias.
Sea o no que las establecieron por coincidencia, como afirman sus gerentes, las funerarias tienen clientela asegurada a futuro si se toma en cuenta que entre 2008 y 2009 los panteones tuvieron que abrir 3 mil 200 nuevos espacios para sepultar a los ejecutados (en su mayoría, hombres de entre 20 y 35 años), una verdadera masacre para una ciudad que no alcanza millón y medio de habitantes.
Por el ritmo de los asesinatos, los cementerios municipales están alcanzando su cupo máximo y algunos días las caravanas fúnebres tienen que esperar su turno para enterrar a su ser querido, no vaya a ser que se topen con carrozas del bando rival. La morgue sigue colapsándose.
La guerra desatada por el gobierno ha incubado personajes como los buitres, unos seres vestidos de color oscuro que, en representación de las funerarias, se disputan a los muertos para ofrecerles sus últimos servicios. A ellos se les puede ver haciendo guardia afuera de la Procuraduría de Justicia, husmeando en la escena del crimen para recabar datos de su futuro cliente, timbrando en la casa del difunto, paseando por los pasillos de la unidad de homicidios, camuflados entre los deudos o tramitando el rescate de algún cadáver atorado en algún embotellamiento en el Servicio Médico Forense (Semefo).
Se les reconoce por su discreción, su ropaje oscuro, su camisa formal y de manga larga, sus botas negras puntiagudas y su look de haber salido de un velorio.
El miércoles 9 de septiembre, cuatro de ellos fueron vistos al lado de una mujer que gritaba enloquecida por el dolor en la colonia Barrio Alto, a la que su esposo, igual de quebrado, inmovilizaba con un fuerte abrazo para que no se enfrentara a los soldados que le impedían llegar hasta donde yacía su hijo acribillado.
El cuarteto se mezclaba entre los metiches, los vendedores ambulantes de paletas heladas y los periodistas que siempre husmean detrás de la cinta plástica de color amarillo que impide el paso. Esperaban el momento de entrar en acción hasta que uno de ellos, el más vivales, se les adelantó a todos y apareció junto a los familiares, presentándose y extendiéndoles una tarjeta.
«Funeraria Ríos está para servirles», dijo el buitre al padre del muchacho ejecutado, a quien apalabraría en segundos para verlo dos horas más tarde, cuando fuera a identificar el cadáver de su hijo, y aprovecharan para cerrar el trato por servicios funerarios.
La disputa entre cárteles ha trastocado también a los gremios de los embalsamadores, los panteoneros, los músicos, los rescatistas, los médicos y enfermeros. Todos adaptaron su profesión a los nuevos desafíos impuestos por esta carnicería.
El rafagueadero indiscriminado provocó, por ejemplo, que sólo tres hospitales reciban heridos de bala –uno de ellos, el Hospital General, declaró desabasto de sangre por exceso de transfusiones– y originó escasez de médicos porque nadie quiere las vacantes laborales de esta urbe, puntera también en secuestros y extorsiones.
El enfrentamiento entre cárteles que se libra en Ciudad Juárez ha matado más gente que la mafiosa Camorra italiana en una década. Según diagnostica el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en esta ciudad mueren 159 personas por cada 100 mil habitantes, cifra con la que supera a países enteros como Sudáfrica o ciudades violentas como Caracas y El Salvador. Se vive una situación similar a la que vivieron hace dos décadas los habitantes de Medellín, o en su momento Chicago y Palermo, que por momentos parecían ahogarse en su propia sangre.
La muerte permite ganarse la vida a unos cuantos, pero no sin riesgos. Estos son algunos de sus testimonios.

Romana, denunció y la despidieron

Romana, denunció y la despidieron
Marcela Turati

OMETEPEC, Gro.- Quien viera hoy a Romana Josefa Mateos Laguna –menudita, tímida, de hablar quedo– no pensaría que es una ingeniera que se propuso probar la corrupción que prevalece en el programa Piso Firme en Guerrero, y para ello viajó a pie a 14 comunidades de La Costa, midió cada uno de los pisos construidos en mil 687 casas, escuchó quejas, tomó fotografías y levantó actas de los ilícitos.
Su esfuerzo resultó contraproducente: en vez de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la considerara una empleada ejemplar por enterar de las irregularidades al subsecretario Luis Mejía, la ingeniera perdió su trabajo como residente (supervisora de obras) y ahora tiene miedo de que alguien atente contra su vida.
Su desventura comenzó cuando le asignaron supervisar el tramo final del encementado de las viviendas en el municipio de Igualapa y encontró que la empresa María del Carmen Atrixco Reynoso, ganadora de la licitación, había hecho pisos que incumplían con la calidad especificada y que los residentes anteriores no los habían impugnado.
La ingeniera se negó a firmar la obra como terminada, lo que implicaba que la Secretaría no le transfiriera el último pago hasta que subsanara las irregularidades. La empresa le ofreció 450 mil pesos por su firma, ella los rechazó.
El delegado de la Sedesol en Guerrero, Luz Antonio González Justo, el subdelegado Filiberto Gutiérrez Mayo y el excoordinador Víctor Manuel Mendoza, en lugar de apoyarla, la presionaron para que firmara la obra como concluida. Tampoco aceptó y decidió revisar piso por piso, aunque en eso se le fueron sus únicos ahorros: 16 mil pesos.
“En la delegación nos decían que firmáramos todo y no hiciéramos problema, que no nos metiéramos con Piso Firme. Pero yo no iba a dejar a un lado mi honorabilidad y todo mi prestigio; tenía que estar segura de lo que iba a firmar, porque mi trabajo era revisar si se cumplía con la promesa de mejorar la calidad de vida de la gente”, explica a Proceso.
Lo que la ingeniera Romana encontró en su odisea es patético, considerando que se trata de los recursos públicos destinados al programa más importante del gobierno de Felipe Calderón para los más pobres y que Guerrero es el estado con los municipios más marginados del país.
Las fotografías que tomó muestran jacales con boquetes a medio piso y casas donde el cemento no se completó, tiene grietas, está a punto de desmoronarse o quedó granulado. El colmo son las viviendas que aún tienen suelo de tierra porque el cemento se puso en el chiquero, para el disfrute de los cerdos, o los pisos construidos donde ni siquiera había casas o en cocheras para autos.
Esas mismas fotos las mostró el 14 de mayo en las oficinas centrales de la Sedesol al subsecretario Luis Mejía. También le llevó los expedientes que muestran los faltantes de cemento por vivienda. Ella contó 5 mil metros cuadrados menos.
“El subsecretario decía ‘no se vale, es indignante, es una burla’. Se veía muy sorprendido”, recuerda sobre su encuentro con Mejía, el subsecretario michoacano que ejerce las obras de la Sedesol, un panista de antaño que fue amigo íntimo del padre del presidente y lo sigue siendo de la familia Calderón Hinojosa. 
A la reunión con el subsecretario acudió otro residente, del que Romana se reservó su nombre, quien denunció que la empresa SYSCO, del arquitecto Juan Manuel Tinoco, había quedado en el lugar 12 del concurso de la licitación, pero el delegado la hizo ganadora de las obras en Marquelia y Juchitán. Este trabajador agregó que tanto el delegado como el subdelegado José Cruz Rétiz pedían a los empresarios dinero “para el partido”, y eso molestó mucho al subsecretario.
Mejía “me pareció una persona honesta, platicamos en confianza, nos identificamos porque somos de la misma profesión. Me dijo que me sintiera protegida, que iba a tomar acciones para corregir el problema, que no iba a perder mi trabajo”, relata.
Tras la denuncia, una legión de abogados, ingenieros y técnicos enviados desde México –acompañados por Romana– revisó las obras de los municipios de Igualapa, Juchitán y Marquelia, entre el 18 y el 26 de mayo, y encontró que las empresas ejecutoras habían cobrado a Sedesol 15 mil metros cuadrados de cemento más de los que habían echado y que 40% de los pisos tenían algún defecto de grosor, acabados, medidas o colocación.
Cuando la misión abandonó Guerrero, el delegado notificó a Romana que acababa de perder su empleo, como consta en el oficio 1320100/215, y finiquitó el total de la obra a la empresa defraudadora, dando sus pisos como terminados.
La ingeniera contestó el oficio con las siguientes palabras: “Con todo respeto, creo que no he fallado; al contrario, creo que me han fallado a mí, ya que en ningún momento he recibido apoyo económico ni moral (viáticos o gastos) de parte de ustedes, y para colmo en el presente año el sueldo se nos redujo de 12 mil a 8 mil pesos mensuales, y aun así seguí haciéndome cargo de los dos municipios. Doy por hecho que realicé una labor casi titánica y con tanta lealtad a la institución”.
Un mes después, el jefe de Microrregiones y coordinador nacional de Piso Firme, Germán Palafox, envió una carta al delegado en la que señalaba que la ingeniera “demostró una conducta profesional y honesta al no aceptar firmar dichas estimaciones, por lo que le solicito tenga a bien prorrogarle el contrato, además de cumplimentar públicamente su labor y actitud para que sirva de ejemplo de trabajo y compromiso institucional que quisiéramos tener para todo nuestro personal”.
Sin embargo, desde hace dos meses ella no recibe salario de la Sedesol; se mantiene con su sueldo de maestra en el Instituto Tecnológico de Ometepec. Tampoco ha dejado de cumplir su trabajo: se ha dedicado a visitar 144 escuelas con el fin de calcular cuánto costaría llevarles agua, baños y drenaje para cumplir la promesa del presidente de habilitarlas para cuando la influenza rebrote.
No se arrepiente de lo que hizo porque cumplió con la invitación del presidente Calderón a denunciar la corrupción, pero tiene miedo:
“No sé cómo vaya a actuar esa gente… en Guerrero pasan tantas cosas. No sé, he llegado a pensar que me pueden hacer daño por decir lo que dije y que quieran callarme para siempre.”